Acueducto Solís-León: no hay, no hay, no hay  

Ya salió a relucir una vez más la promesa de la Federación de traer agua a León y al Corredor Industrial, y por supuesto, inicia el peregrinaje de la gobernadora Libia García para conseguir el dinero, los permisos y la coordinación técnica con las instancias federales para concretar el proyecto bautizado por Diego Rodríguez como Agua Sí para Guanajuato, y renombrado por la gobernadora como Acueducto Presa Solís-León.

Libia dijo en su programa semanal que ella ay la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, en visita a Romita, pactaron que en 2025 arranque el proyecto, con una inversión de 15 mil millones de pesos. El Gobierno federal deberá aportar la mitad y el Gobierno estatal la otra mitad.

Se pretende que se construya durante cinco años; cada año tendría que haber aportaciones económicas y estaría terminado en 2029. Llevará agua a León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, en una longitud total de 201 kilómetros.

Pero resulta que hay un enorme detalle que pone en duda el inicio y realización de dicha obra magna: no viene en el presupuesto federal, mientras que en el estatal se anunciaron 316 millones para el proyecto ejecutivo.

No hay dinero para eso

El mismo viernes por la mañana, horas antes de que Sheinbaum se reuniera con Muñoz Ledo, Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, había afirmado en conferencia de prensa que para este proyecto no hay dinero en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, a pesar de que está incluido en el Plan Nacional Hídrico presentado el 21 de noviembre por el director general de la Conagua, Efraín Morales López.

La verdad es que no hay muchas esperanzas de que los diputados federales de Morena, PVEM y PT, que son la mayoría en la Cámara de Diputados, en la discusión del Presupuesto de Egresos Federal para el año próximo “etiqueten” recursos para este megaproyecto, si no es una instrucción presidencial.

Y los legisladores panistas, tanto de Guanajuato como del resto del país, son una minoría que no tiene los números suficientes para aprobar una modificación de esa magnitud.  

Y el miércoles, en entrevista con AM, el mismo Secretario de Finanzas dijo que todavía no se sabe de dónde saldrán los 7,500 millones de pesos que deberá poner el Gobierno del Estado para la construcción del proyecto del acueducto Presa Solís-León.

Pero sobre todo, esto se debe a que no tiene ni la menor idea de cómo estará estructurado el proyecto en el aspecto financiero porque nadie de la Conagua ni quien sea que esté a cargo del mismo en el Gobierno federal, se lo ha explicado. Así que mal empieza el asunto.

Nadie lo conoce bien

A Salgado Banda se le preguntó cómo se financiaría este proyecto. Respondió: “Se está revisando, todavía los detalles no están claros, entonces conforme vaya llegando información clara iremos viendo”. 

 “Nadie conoce bien el plan: cómo va a ser, por dónde va a pasar, cómo se va a conformar. Hasta que tengamos bien el detalle ya podemos hacer cuentas”, dijo de plano.

Admitió que él no se ha reunido con nadie de la Secretaría de Hacienda para tratar este proyecto, ni lo han invitado. “No, con nadie”.

Interrogado sobre cuándo podría iniciar el proyecto, dijo: “Estoy igual que tú, necesitamos los datos bien de cómo va a estar la ingeniería, el proyecto, la estructura, pues no sé”.

Y sobre de dónde sacaría Guanajuato la parte que le toca, el Secretario de Finanzas pidió esperar a que tenga él una comunicación formal con gente de la Secretaría de Hacienda o con quien diga la Presidenta.

A pedir prestado

Salgado aventuró que el Estado puede tomar deuda, se puede recurrir a Banobras, pues dijo que lo que sí tiene Guanajuato es capacidad financiera. Afirmó que el Estado todavía tiene capacidad de contratar por otros 8 mil o 9 mil millones de pesos.

Más tarde, en una gira de trabajo por Salamanca, Libia Dennise reiteró las posibilidades de contratar más deuda o recurrir a Banobras. Pero, igual que el Secretario de Finanzas, sin que sea una decisión tomada.

Esta historia, aunque apenas empieza, se parece mucho a la que tuvo que padecer en su sexenio Diego Sinhue Rodríguez.

Tanto Andrés Manuel López Obrador como Adán Augusto López Hernández cuando fue secretario de Gobernación, le dieron falsas esperanzas y largas a Diego durante año y medio, para luego desaparecer, abandonar por completo la comunicación y las negociaciones y no llegar a nada.

Así que mientras no haya dinero contante y sonante en ambos presupuestos, federal y estatal, mejor ser cautos, porque el Gobierno del Estado no podrá solo.

Derecho en riesgo

Esta semana el Congreso de la Unión terminó de dar la estocada a la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Lo que tendrá un impacto en los institutos de transparencia locales, como el de Guanajuato.

El INAI trasladará sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, el Gobierno será juez y parte a la hora de salvaguardar el derecho ciudadano a la información pública.

Después de aprobarse en la Cámara de Diputados y antes de votarse en el Senado, 265 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y académicos se pronunciaron en un último llamado que no fue escuchado por la mayoría de Morena y aliados.

Así lo expresaron: “El reclamo y rechazo que hemos manifestado las organizaciones, así como la comunidad internacional es legítimo porque se contaba con un diseño institucional que funcionaba frente a las resistencias de las instituciones para otorgar información, y se está sustituyendo por un esquema débil que privilegia la opacidad y le apuesta a la cultura del secreto”.

Entre los firmantes del posicionamiento está la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, cuyo activista Raymundo Sandoval lamentó que los senadores por Guanajuato (Malú Mícher, Virginia Magaña, Diego Sandoval -suplente por un día de Ricardo Sheffield, quien se ausentó porque fue a celebrar el Día de Acción de Gracias a EU- y Emmanuel Reyes) hayan votado por desaparecer el INAI.

“Una vergüenza, eso habla de su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, publicó.
Entre quienes subieron a la tribuna del Senado para hablar en contra de la llamada reforma de “simplificación orgánica”, estuvo el panista Miguel Márquez.

“Todos estamos a favor y de acuerdo con que se revisen, sí, el tema de las plazas que tienen en sus organismos, el tema presupuestal, ajustarlos y que sean mejores y más eficientes, en estamos de acuerdo.

“Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que se eliminen. No hay justificación para ello. Estos organismos que se pretende eliminar no son del Gobierno, como lo dije, son ya de la sociedad mexicana, es un logro de los mexicanas y mexicanos”, planteó el ex Gobernador, quien advirtió que sin organismos independientes que vigilen el uso de los recursos se abre la puerta a la opacidad y a la corrupción.

Y en eso coincidió el expanista Javier Corral, quien fue el único de la mayoría que votó en contra de desaparecer el INAI, IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) y la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica), precisamente porque no hay garantías de salvaguardar el derecho a la información.

La que se le fue a la yugular a los opositores fue Malú Mícher, quien criticó los gastos en el INAI, los viajes de los comisionados y que den la razón a solicitudes inútiles como quien pidió saber cuánto gastó AMLO en papel de baño.

Y cerró contra los panistas de Guanajuato con tres dardos puntuales en donde nunca transparentaron la información: los recursos del Fidesseg, en donde dijo que los diputados David Martínez y Hades Aguilar tuvieron que inconformarse y que el IACIP les respondió que tenían una hora para ir a ver la información; el préstamo de 230 millones para que el Grupo Pachuca comprara el Estadio León, y la Tarjeta Rosa, por la que un magistrado sí consideró que hubo un uso electoral del programa.

“No está renunciando el Ejecutivo ni a la transparencia ni a la información, al contrario. No permitiremos más organismos que despilfarraron el dinero del pueblo y no informaron con oportunidad y transparencia”, aseguró. 

Lo cierto es que lo que peligra no es el INAI en sí, sino el derecho a la información.

Días difíciles para ‘El Profe’

A 50 días de asumir el cargo, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, continúa esquivando problemas.

El alcalde morenista sigue dando de qué hablar y la semana pasada declaró que había sido amenazado y presionado por la delincuencia organizada para poner al menos tres directores en su administración, y sus comentarios hicieron eco a nivel nacional.

A pesar de que la gobernadora Libia García y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona lo exhortaron a denunciar, el Alcalde celayense argumentó que no le tiene confianza a la Fiscalía estatal y que evaluará hacerlo hasta que salga Carlos Zamarripa Aguirre. 

La realidad es que la violencia sigue en Celaya, con casi un centenar de homicidios en lo que va de la administración y crímenes impactantes como el ocurrido en la vialidad más importante de la ciudad, el bulevar López Mateos, contra un hombre que viajaba en su camioneta. 

Las declaraciones del secretario de Seguridad, Pablo Muñoz Huitrón, y que terminó replicando “El Profe”, asegurando que los buenos no tienen porqué preocuparse por la inseguridad, solo abonan a la revictimización de las personas asesinadas. 

Pese a todo, las  acusaciones contra la Administración de su antecesor Javier Mendoza Márquez y los más de 26 años panistas en la ciudad, además del despido de los fedepales, le han valido a Juan Miguel Ramirez la aprobación ciudadana; y es que según la encuestadora Massive Caller el 61.4% de los encuestados aprueba su Gobierno, y es el décimo tercer alcalde mejor aprobado a nivel nacional.

Sin embargo el Presidente Municipal de Celaya ha abierto frentes que le ha costado cerrar, como la incorporación de personal que no está en nómina o la creación de puestos que no están en el organigrama.

En poco más de un mes y medio de Administración, el profesor Ramírez ha hecho dos cambios en su gabinete. Primero fue el polémico despido de Araceli Morales Mancera como Oficial Mayor, quien terminó acusando violencia de género y presiones laborales.

Sin embargo, esta semana ocurrió la reubicación de Ricardo Contreras Soto en la Dirección de Desarrollo Económico. A pesar de su vasta experiencia como investigador es bien sabido que ha sido crítico del neoliberalismo, por lo que se dice que un grupo de empresarios solicitó su salida por ciertos comentarios que no cayeron nada bien, y con la finalidad de seguir impulsando los proyectos estratégicos de Celaya como el libramiento ferroviario y el puerto interior.  

El Alcalde no descartó que los cambios sigan y que a nadie le sorprenda que en los próximos días pueda darse la primera salida en el gabinete de seguridad.