La audiencia inicial programada para este martes 9 de agosto por el delito de agresiones agravadas contra activistas de Mineral del Monte por parte de personal de la alcaldía de dicho municipio, fue pospuesta por presentar anomalías, señalaron las personas denunciantes.
Luego que el pasado 8 de enero de 2022 animalistas fueron agredidos por personal del ayuntamiento de Mineral del Monte antes de realizar una protesta pacífica por la desaparición de 13 perros de un refugio, la audiencia inicial sobre el caso estaba programada para este martes, siete meses después del hecho.
La cita estaba pactada para las 14:30 horas en la sala cuatro de los juzgados penales ubicados en Pachuca; sin embargo, Pedro Guerrero y Lorena Rivera informaron que solicitaron el aplazamiento debido a inconsistencias que notaron junto con su representación legal.
“La audiencia estaba programada para hoy, pero solicitamos que la pospusieran por unas inconsistencias que no nos favorecían, por lo que pedimos al Ministerio Público que la retrasara unos días”, comentó Lorena mediante un mensaje de texto para AM Hidalgo.
No obstante, la activista no detalló qué irregularidades encontraron en el proceso y que dieron pie a la suspensión de la audiencia.
De acuerdo con la propietaria del refugio animal llamado Cuatro patitas un corazón, en los próximos días decidirán la fecha para reprogramar la audiencia inicial de la causa penal 637/2022 por el delito de lesiones agravadas en su contra.
EL CASO
El sábado 8 de enero estaba programada una manifestación pacífica por parte del refugio Cuatro patitas un corazón, por la sustracción de 13 perros de sus instalaciones ubicadas en la calle Vizcaína en Real del Monte.
Minutos después, comerciantes y elementos de Seguridad Pública municipal, encabezados por el alcalde Alejandro Sierra Tello, arribaron al lugar a bordo de turibuses y patrullas para amedrentar a los manifestantes y medios de comunicación, incluso lanzaron golpes a los presentes, frente al Museo del Paste.
Derivado de los hechos activistas realizaron las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).