Salamanca, Guanajuato.- Al concluir la actual administración municipal, se cumplirán 30 años desde que comenzó uno de los conflictos de contaminación más graves en la ciudad de Salamanca.
En 1995, el Cerro de la Cruz empezó a ser contaminado con residuos tóxicos de la extinta empresa Químicos y Derivados de Salamanca (Quidesa).
Durante el ejercicio de gobierno 2021-2024, presidido por César Prieto Gallardo, el tiradero tóxico en el Cerro de la Cruz ha permanecido como un tema olvidado.
Los tres niveles de gobierno han permanecido inactivos, sin tomar medidas para la posible remediación de una de las zonas más contaminadas del País.
Han pasado tres décadas en las que parece que el tiempo se ha detenido para esta área, que continúa devastada con más de 40 mil toneladas de residuos contaminantes, específicamente lodos derivados del petróleo.
En este lugar ya se ha registrado un hecho trágico: un estudiante de secundaria perdió la vida tras adentrarse en el tiradero tóxico, sin saber que era un área de alto riesgo.
Presumiblemente, los vapores que respiró lo intoxicaron, lo que le provocó la pérdida de conocimiento y, lamentablemente, su muerte entre los residuos.
Medio Ambiente evade el tema
Como es habitual, el director de Medio Ambiente municipal, Alberto de la Torre Gleason, se mostró renuente a dar declaraciones sobre el tiradero tóxico del Cerro de la Cruz, argumentando que tenía prisa. Se limitó a mencionar que no había avances al respecto.
Una voz que clama por atención
En este conflicto de contaminación en Salamanca, el ambientalista e integrante del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, Fernando Baca Amador, ha mantenido la exigencia de remediación del lugar.
Ha presentado múltiples denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero hasta ahora, ninguna ha prosperado.
Durante años, la población de la colonia Humanista 1, así como la comunidad de San José de Uluapa y otros asentamientos cercanos al Cerro de la Cruz, han sufrido afectaciones severas.
En ocasiones, con las altas temperaturas, los residuos tóxicos se han encendido, liberando vapores que han causado mareos, náuseas, dolor de cabeza, ardor de garganta e, incluso, sangrado por boca y nariz.
Acciones aisladas y estériles
En 2011, la Profepa sancionó económicamente a Quidesa y estableció un plazo de 120 días para la limpieza del tiradero.
Un año después, en 2014, se comprometió a retirar 220 toneladas de residuos por mes; sin embargo, solo se retiraron alrededor de tres mil toneladas.
En 2017, Quidesa se declaró en quiebra económica y, desde entonces, el tiradero de desechos tóxicos del Cerro de la Cruz ha sido un tema archivado.
LALC