Ciudadanos y ciudadanas inconformes con el problema generado por el basurero de Atitalaquia, el cual ya fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acudieron este martes al Congreso de Hidalgo para exigir juicio político contra el alcalde, algunos regidores y el secretario municipal.

Este martes durante la sesión ordinaria del Congreso local, la mesa directiva en turno dio lectura a un comunicado de habitantes de Atitalaquia, mediante el cual solicitan juicio político contra un grupo de funcionarias y funcionarios municipales.

La lista de personas denunciadas la encabeza el alcalde Lorenzo Agustín Hernández Olguín y su secretario municipal Jorge Ramírez, de igual manera la síndica Viridiana Cerón Solís y las y los regidores Humberto Hernández, Leticia Montoya, Jhony Neri Álvarez, Montserrat Eli Rivera, Blas Pérez y Rosario López.

Dicha solicitud será enviada a la Comisión Instructora, encargada de dictaminar si procede la acusación.

RESPONSABILIZAN A EDIL POR ASESINATO DE ACTIVISTA

Luego de diversas manifestaciones contra el funcionamiento del relleno sanitario de la demarcación, que derivaron en la toma de la alcaldía, de las instalaciones del basurero y posteriormente en el asesinato del activista Jesús Bañuelos, los inconformes acudieron al Congreso a solicitar dicho juicio político.

Al ser contactados por AM Hidalgo, pobladores confirmaron su petición; sin embargo, no detallaron las razones por las que solicitan el juicio.

Cabe señalar que las instalaciones del ayuntamiento están tomadas desde mayo pasado como muestra de inconformidad de los habitantes que aseguran que el basurero representa un perjuicio para su salud.

Con el mismo reclamo realizaron varias protestas para buscar la clausura del relleno sanitario, incluso, la madrugada del pasado 20 de junio Jesús Bañuelos fue asesinado durante el ataque de un grupo armado desconocido contra los activistas que realizaban un plantón en inmediaciones del vertedero, tras lo cual la Profepa determinó la clausura del espacio.

Por ese ataque los manifestantes responsabilizaron al alcalde Hernández Olguín, de modo que también exigen el esclarecimiento del asesinato de su compañero. 

Días después del asesinato, el cabildo de Atitalaquia aprobó la revocación de la concesión del basurero para la empresa Esmex y la Profepa lo clausuró temporalmente, no obstante, los activistas exigen su cierre técnico permanente.