Mediante un exhorto la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Lisset Marcelino Tovar pretende que la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo de Hidalgo, así como del municipio Atitalaquia, hagan pública la documentación y expediente del basurero que operó la empresa Esmex.

Durante la sesión de la diputación permanente de este martes, la legisladora morenista presentó dicho exhorto que tiene como objetivo aclarar las especificaciones para la protección ambiental, construcción y operación del sitio que funcionó para la disposición final de residuos sólidos urbanos en Atitalaquia.

La diputada de la bancada guinda indicó que no cuentan con el acta de asamblea municipal donde se aprueba o no la licencia de la empresa Esmex, ya que únicamente autorizaron la concesión de servicio, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Lo anterior se debe, explicó Marcelino Tovar, a una falta de voluntad política y administrativa por parte de las autoridades mencionadas, para aclarar un hecho que incluso generó la muerte de un activista.

VECINOS LOGRARON CLAUSURA DEL BASURERO

Luego de encabezar la lucha social por el derecho a un medio ambiente sin contaminación y después de la muerte de un activista, vecinos de Atitalaquia lograron la clausura definitiva de la planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos que operaba la empresa Esmex en Cardonal, el pasado 22 de julio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) revocó definitivamente la autorización que había avalado el gobierno estatal, informó el mandatario Omar Fayad Meneses.

LUEGO DE TRES MESES FUE LIBERADA LA ALCALDÍA 

Tras conseguir la clausura definitiva del relleno sanitario municipal, habitantes de Atitalaquia liberaron las instalaciones de la presidencia municipal el pasado 25 de julio después que permanecieron tomadas durante tres meses.

Luego de una reunión con autoridades municipales y con un mensaje simbólico en la entrada de la sede de la alcaldía, las y los activistas que se plantaron desde el pasado 27 de mayo en las instalaciones de la presidencia liberaron el lugar tras conseguir el cierre definitivo del basurero.

Tres meses tuvieron que pasar para que los habitantes de dicho municipio retiraran la protesta, debido a que acusaban corrupción en la apertura del vertedero de desechos ubicado en la comunidad Cardonal.

La madrugada del 20 de junio el activista Jesús Bañuelos Acevedo fue asesinado en las inmediaciones del basurero en un atentado contra los manifestantes.

Por la muerte de “Chuy”, como era llamado por sus compañeros de lucha y seres queridos, los inconformes intensificaron las protestas al grado de pedir la intervención de autoridades federales, por lo que después de varias reuniones con el Ejecutivo estatal lograron el cierre permanente del lugar el pasado 22 de julio.

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