Fue vinculado a proceso el alcalde de Tula de Allende M.H.B. por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, relacionado con la estafa siniestra. Autoridades determinaron prisión preventiva justificada como medida cautelar.
La PGJEH informó que agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la estafa siniestra consiguieron la vinculación a proceso para M.H.B. por dicho delito en agravio de la administración pública del ayuntamiento de Tula.
INVESTIGACIÓN CONTRA ALCALDE
Las indagatorias que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) realiza contra el alcalde transcurren a partir de una denuncia por autorizar, en 2021, a nombre del ayuntamiento de Tula, la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma representan un gasto superior a 60 millones de pesos.
Los contratos fueron firmados para adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva del mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático para atender las consecuencias de la inundación por el desbordamiento del río Tula.
Con base en lo anterior, el Ministerio Público se allegó de datos de prueba contra M.H.B. y solicitó la orden de aprehensión que fue otorgada por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado lunes 14 de agosto.
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA
Luego de su aprehensión el alcalde fue puesto a disposición de un juez de control y en audiencia inicial se formuló imputación por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado.
Sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que se resolviera su situación legal.
En la continuación de la audiencia que comenzó este sábado a las 10:00 horas, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
Además estableció un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.