Empleados de la sucursal Tulancingo del Nacional Monte de Piedad acusan irregularidades en el cierre de su fuente de trabajo, así como en el despido que pretenden realizarles.

Erick González Morales, empleado de dicha sucursal e integrante del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros, dijo que las medidas son represalia a la reciente revisión de su contrato colectivo de trabajo.

DESPIDOS IRREGULARES

Detalló que ya han sido despedidos alrededor de 20 trabajadores de la Institución de Asistencia Privada (IAP) en distintos puntos del país, posterior a la revisión del contrato colectivo, donde establecieron cláusulas en favor de los sindicalizados.

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Señaló que sí habían recibido aviso del cierre de la sucursal del Montepío en Tulancingo, pero que el acto se anticipó un día, lo que calificó como irregular.

Un representante de la I.A.P., agregó, les entregó una hoja sin membrete o identificación alguna, donde se les cita en un hotel para darles “información importante”, relacionada con cierre de la sucursal.

González Morales, junto con sus otros cuatro compañeros, dijo que no aceptarán el despido ni liquidación alguna, pues las cláusulas de su contrato colectivo de trabajo señalan que en todo caso deberían ser reubicados.

CIERRES DEBIDO A CRISIS, ARGUMENTAN

En otro documento, emitido por la Subdirección de Relaciones Laborales de la IAP, señala que los cierres de sucursales se deben a la crisis que padece el Montepío.

Sin embargo, el trabajador rechazó dicha versión y aseguró que incluso existen 600 plazas laborales disponibles a nivel nacional.

Sin embargo, este 29 de noviembre han cerrado 18 sucursales en distintos puntos del país, con la posible pérdida de las plazas laborales.

Por tal motivo han realizado una petición a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal para revisar la situación y se impida lo que es calificado por los empleados como una “injusticia laboral”.

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TAMBIÉN AFECTAN A CLIENTES, SEÑALAN

Agregó que con el cierre de la sucursal, que llevaba 11 años en operación, sus clientes quedan afectados, pues aunque los refrendos pueden ser pagados en tiendas de conveniencia o bancos, sus prendas deberán recuperarlas en otras sucursales.

“Y eso no está estipulado en el contrato que firma el cliente en el momento del empeño”, enfatizó González Morales.