Durante el año pasado, el sistema DIF municipal en Tulancingo tuvo conocimiento de 20 casos de abandono a adultos mayores; en cuatro se abrieron carpetas de investigación, debido a que sus familiares se negaron a hacerse cargo de ellos.
El dato fue ofrecido por Yolanda Veytia Amador, directora del departamento jurídico del organismo asistencial local.
Señaló que en seis casos de los mencionados se logró que los familiares de adultos mayores en situación de abandono se hicieran cargo de ellos.
APOYO SOCIAL
En los casos restantes no fueron encontrados familiares, por lo que sus vecinos se convirtieron en su red de apoyo social para solventar sus necesidades, como alimentación, cuidados médicos, entre otras.
Veytia Amador señaló que los casos referidos fueron los más graves o complejos encontrados el año pasado, pues se recibe en promedio un reporte diario de abandono a adulto mayor.
Tras revisión de antecedentes, se ha logrado establecer contacto con sus familiares o se conforma una red de apoyo social para garantizar la atención al adulto mayor.
ES DELITO
La funcionaria municipal recordó que debido a su vulnerabilidad, el abandono de adulto mayor está tipificado como delito en el artículo 335 del Código Penal Federal.
Además, dicha situación es considerada como una forma de violencia, por lo que existiría una agravante.
El DIF Tulancingo calcula que uno de cada tres adultos mayores que viven en el municipio han sufrido o sufren de abandono.
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TENDENCIA SE DUPLICA
A nivel nacional, se calcula que el 16 por ciento de los adultos mayores están abandonados, por lo que en Tulancingo la estadística se duplica.
En los casos más graves, los adultos mayores han sido canalizados al albergue temporal del DIF municipal, ubicado en avenida del Ferrocarril sin número, en la colonia Ferrocarrilera.
Pero aclaró que el espacio alberga a los adultos mayores de forma temporal, en tanto se acuerda con los familiares que asuman la responsabilidad de sus cuidados, o se establece otra red de apoyo social.
Veytia Amador reiteró el llamado a la población a garantizar el bienestar de sus familiares de la tercera edad, no sólo por cuestión legal, sino por calidad moral.