Ejidatarios del núcleo El Paraíso, en Tulancingo exigen la restitución de 500 hectáreas de tierras, en cumplimiento al oficio COPECOS/034/2003, emitido en febrero del 2003 por la Procuraduría Agraria.
Lo anterior fue señalado durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional del pasado miércoles 2 de agosto por Esteban Durán, quien se identificó como periodista del medio Vanguardia, del estado de Veracruz.
Al tomar la palabra durante la conferencia mañanera, señaló que el despojo proviene de los años setenta sin ser resuelto hasta la fecha, debido a que se han realizado acciones que el periodista calificó de “legaloides”.
TIERRAS ENTREGADAS
Pues las tierras fueron “entregadas por resolución presidencial por el entonces cacique Antonio Hernández García, quien ya falleció y que fue funcionario de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, y su hijo Ricardo Hernández Pérez, quienes, por cierto, no son ejidatarios, ni cuentan con títulos de propiedad, ni de posesión”.
Durán dijo que en 1996 a través de la magistrada de Querétaro, Arely Madrid Tovilla, revirtieron una resolución que los afectados habían ganado.
Pero en febrero de 2003, la Procuraduría Agraria, con oficio COPECOS/034/2003 dirigido al delegado de la institución en Hidalgo, José Carmelo Acosta Carrillo declaró que no hay tierras de uso común, “como lo argumentaron los caciques para despojar de sus tierras a los legítimos dueños del ejido El Paraíso”.
AMPARO A FAVOR
Incluso, en el 2005, Tomás Delgadillo Rodríguez ganó un amparo para recuperar estas tierras, pero Ricardo Hernández Pérez se niega a entregarlas, bajo el argumento de que por derecho y resolución presidencial les pertenecen.
INDEMNIZACIÓN
De acuerdo con el periodista del medio veracruzano, los ejidatarios no piden el desalojo de las tres mil familias que ya fueron engañadas y ocupan las tierras y que fueron vendidas por los nombrados.
Por lo que solicitan alguna medida de restitución o bien una indemnización justa para dichos ejidatarios.
En respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar el caso, reconociendo que sería injusto hacer un desalojo, por lo que se buscaría otorgar una indemnización, “una recompensa” o tierras en otra parte.