El alcalde de Acaxochitlán, Erik Carbajal Romo, celebró que el Senado de la República y previamente la Cámara de Diputados federal hayan endurecido las sanciones legales hacia quienes se dedican a la tala clandestina.
Esto nos da herramientas legales para que las personas que se dedican a esta actividad ilícita le piensen antes de cometerlo”, señaló.
NUEVAS PENAS
A finales de abril pasado la Cámara Alta aprobó con 66 votos a favor el proyecto para imponer hasta 16 años de prisión a quien transporte, comercie, distribuya, compre, almacene, resguarde o transforme materias primas forestales o productos forestales maderables de forma ilegal.
La reforma a diversos artículos del Código Penal Federal busca actualizar y aumentar las sanciones a quienes realicen conductas en contra de áreas naturales protegidas, zonas vegetales o cambien el uso de suelo forestal.
La propuesta establece una pena por tala de árboles de seis a nueve meses de prisión y de cien a 3 mil días de multa.
Además, aumenta de tres a 12 años de prisión en los casos en que se empleen armas de fuego u otros medios de violencia para la comisión del delito de tala ilegal.
De acuerdo con el proyecto aprobado por el Senado de la República, esta pena se incrementará cuatro años más cuando se trate de un área protegida.
FOCO ROJO EN ACAXOCHITLÁN
Todo lo anterior forma parte de las enmiendas legales aprobadas previamente por la Cámara de Diputados federal, con 452 votos a favor, 26 en contra y una abstención.
Días antes, Carbajal Romo reconoció públicamente que Acaxochitlán está en “foco rojo” por la incidencia en el delito de tala clandestina.
“Pero ahora que ya conocemos que se han endurecido las penas, difundiremos cómo queda esta situación legal para que le vayan pensando quienes se dedican a esta actividad, y que mejor se dediquen a otra cosa, dentro de la ley”.
Reiteró que ya no son comunidades enteras quienes defienden a los talamontes, “sino algunas personas, con las que no vamos a negociar, vamos a aplicar la ley, con el apoyo del gobierno del estado de Hidalgo”.
RETENCIÓN DE OFICIALES
Muestra de ello, dijo, es que el pasado 17 de junio, cuando un grupo de personas retuvo a oficiales policiacos para exigir la liberación de presuntos talamontes, detenidos horas antes, se aplicó un operativo para la liberación de los uniformados.
Mientras que los presuntos talamontes fueron entregados a autoridades ministeriales para el seguimiento legal, por lo que fueron detenidos.