A ocho meses de registrarse un ataque cibernético con fines de extorsión que afectó los sistemas de cómputo de las direcciones de Predial, Catastro, Traslado de Dominio y Ejecución Fiscal del gobierno de Tulancingo, aún continúa la investigación.

Haciel Bustos Olivares, titular de la Secretaría de Tesorería y Administración, informó que el caso está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que aún están a la espera de la llegada de agentes investigadores para que lleven a cabo la revisión del servidor, el que no se ha tocado desde que ocurrió el intento de hackeo.

INTENTO DE EXTORSIÓN

Fue el 9 de mayo de este año cuando los responsables del ataque cibernético dejaron un correo electrónico donde se les informaría a las autoridades municipales las exigencias para “liberar” el equipo de cómputo invadido.

El gobierno municipal descartó realizar contacto con los extorsionadores e inició las acciones legales y jurídicas contra estos.

Bustos Olivares reiteró que a ocho meses del ataque cibernético aún no arriban los agentes investigadores de la FGR para revisar el equipo de cómputo, como parte de las investigaciones.

El funcionario aseguró que afortunadamente este intento de invasión al equipo informático y de cómputo, no comprometió información alguna del municipio ni mucho menos generó pérdidas económicas.

En cuanto información solamente tardamos en recuperar la base de datos, pero no se extravió ningún tipo de recurso (económico) y no se entregó recurso alguno a la extorsión que pretendían consumar”, señaló.

SIN RIESGO PARA CONTRIBUYENTES

Agregó que pudo ser por medio del uso de una memoria USB como pudo llevarse a cabo el hackeo, ingresando un virus por medio del dispositivo.

Bustos Olivares dijo que en 2017 ya se había registrado un ataque cibernético similar.

Descartó que los datos de contribuyentes y usuarios del gobierno municipal estén en riesgo, pues se encuentran protegidos e incluso “encriptados”.

Reiteró que siguen a la espera de la visita de los representantes de la FGR para dar continuidad a la investigación y determinar quién o quiénes podrían ser responsables del intento de hackeo.