No pasa nada, no exagero, hasta salimos ganando, porque sólo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco.
Andrés Manuel López Obrador
Nuestra democracia está diseñada como la mayoría de los países libres y desarrollados: la división de poderes. Tres poderes que son como tres patas de un banco para mantener un sólido equilibrio.
Quitar una pata o debilitarla es la caída de la democracia. Lo vemos en las autocracias donde el poder está concentrado en una persona. Por eso tenemos que ver el ataque al Poder Judicial como una agresión a la pluralidad del país.
Desde que tenemos conciencia del valor de la libertad y el equilibrio de poderes, no habíamos tenido un ataque a las instituciones como el que hoy ejercen el Poder Ejecutivo y el Legislativo en contra del Poder Judicial. Dos contra uno.
Durante cinco años, el gobierno ha querido controlar todos los aspectos de la vida pública. En el ataque a las instituciones, el Ejecutivo quiere concentrar el poder. El enfrentamiento con los organismos autónomos es una constante. El Presidente López Obrador quiere controlar las elecciones y quitar facultades al Instituto Nacional Electoral. También quiere apagar la luz en el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
El problema es que no toda la población sabe lo qué pasa en instituciones medulares de la vida pública. El Poder Judicial vive una rebelión inusitada por la orden de Palacio de extinguir sus fideicomisos. Es un choque de poderes que no puede resolverse en el tiempo que queda del sexenio.
Las instituciones no pueden ser vulneradas por decretos o decisiones del Poder Legislativo en contra del Poder Judicial. La Constitución establece que uno de los poderes no puede someter a los demás. Si el Legislativo quiere limitar el presupuesto del Poder Judicial, tendrá que enfrentar la propia independencia y autonomía de su contraparte. Cualquier demanda de inconstitucionalidad debe parar la intentona golpista de someter a jueces y magistrados al contentillo del Ejecutivo.
Porque, en el fondo, hay un ataque frontal a la división de poderes. Sorprende que personas con cultura jurídica como Olga Sánchez Cordero inclinen la cabeza ante la atrocidad de Palacio.
El domingo, jueces, magistrados y funcionarios públicos del Poder Judicial, mostrarán su descontento por la cancelación de sus derechos laborales. Cualquier empleado o funcionario del Poder Judicial podrá interponer un amparo para protección de sus derechos.
La ley establece que ninguna prestación puede ser eliminada. Todos los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a recibir los beneficios establecidos por la ley. Algunos de los fideicomisos son el ahorro de miles de empleados federales. Sería imposible cancelarlos sin que los afectados llamen a la autoridad judicial a tomar una postura clara sobre el tema.
El Presidente dice que no pasa nada frente al reclamo de jueces, magistrados y litigantes. La verdad es que pueden pasar demasiadas cosas. Un Poder Judicial en paro puede ser la peor noticia para el país. Cuando atacamos a las instituciones, creamos un conflicto. La ingenuidad del gobernante es pensar que no tendrá consecuencias paralizar la operación del Poder Judicial.
Si no hay impartición de justicia en el país, podremos llamarlo un Estado fallido. Una tercera parte del territorio nacional vive bajo el mando del crimen organizado. La otra mitad reflexiona sobre su futuro. El dilema está más allá de los balazos y los abrazos.
Gsz