Después de la rebelión en Ecuador, después del reto que enfrenta esa nación ante la impunidad creciente con la fuga de “Fito”, el más poderoso capo, nos pregunta un lector: ¿puede suceder eso en México?
La respuesta es que sucede pero en cámara lenta. Quema de vehículos en Villahermosa, luego en Celaya; un enfrentamiento en el Estado de México entre pobladores que sufren extorsión y sus verdugos. En Ecuador tembló la población cuando comprendió que los penales estaban en manos de la delincuencia. En algunas partes de México, ¿no lo están?
Si Colima, Baja California y Guanajuato fueran países independientes, tendrían el mayor índice de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Latinoamérica. Colima más de 100, Baja California 70 y Guanajuato 57. Índices superiores a los de Ecuador y Perú.
Cuando vivíamos en paz ese índice no llegaba a 4 en el país, hoy es de 26. Los homicidios se han multiplicado por seis en México, en Guanajuato por 15. La respuesta de la autoridad en Ecuador se encamina a lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador: cero tolerancia y la suspensión de las garantías individuales. El ejército está en las calles y puede detener a ciudadanos sin orden de aprehensión, pueden allanar domicilios y hacer investigaciones mediante intervención telefónica. El estado de excepción provee a las policías y al ejército con toda la fuerza pública para detener a los delincuentes.
Sorprendió incluso que Rafael Correa, adversario del actual presidente David Noboa, le haya expresado todo su apoyo en la decisión de tomar medidas radicales. Cuando la amenaza es sobre la nación, sobre el Estado y sus instituciones no es posible que los políticos vivan divididos.
Durante doce años, Guanajuato caminó hacia la violencia en buena parte porque la Federación y el Estado estuvieron divididos, culpándose uno al otro por la situación que padece nuestro terruño. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presume buenas cifras de seguridad en la CDMX, pocos saben que la capital cuenta con 10 policías por cada mil habitantes, mientras Guanajuato, y la mayoría de los estados, no llegan a 2. La CDMX tiene el doble de presupuesto por habitante que Guanajuato y es sede de los poderes públicos. Esa comparación no demerita el buen papel de su exjefe de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero la Federación tiene responsabilidad absoluta, Guanajuato no es un país independiente, ni islas políticas.
En redes hay expresiones que piden a nuestro gobierno que asuma la estrategia de mano dura, antes de que perdamos por completo la gobernabilidad. Por fortuna aún tenemos a la mano estrategias y soluciones menos radicales, siempre y cuando haya voluntad política de llevarlas a cabo.
Todos los gobernantes y los candidatos en campaña prometen usar “inteligencia” policial para investigar; todos ofrecen aumentar el número de efectivos. Lo escuchamos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto; de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez; lo repetirán Libia García y Alma Alcaraz. Pero la inteligencia y la inversión creciente en seguridad no rendirán frutos sin la determinación política de cambiar. Tampoco ayudan las leyes que permiten que las cárceles tengan puerta giratoria donde más tardan en detener a los delincuentes que en salir. Es un problema complejo, pero no insoluble. Coahuila es un ejemplo.
**Vota con inteligencia o sin ella, pero vota**