Durante el sexenio de López Obrador hubo una reticencia inconcebible para autorizar nuevas gasolineras. La CRE o Comisión Reguladora de Energía otorgaba permisos a cuenta gotas. Algunos empresarios quisieron emprender, construir estaciones de servicio e innovar con marcas internacionales. En México hay una gasolinera por cada cuatro que hay en Estados Unidos y una por cada dos de las que hay en Guatemala (por habitante). Algo que va contra la competencia.
Fue tanta la cerrazón que ni siquiera con mordida podían lograr los empresarios un permiso. Ahora sabemos que la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, otorgó 100 licencias a empresas gasolineras llamadas Servifácil S.A. de C.V. y Servicios Cúpula S.A. de C.V., propiedad del Sr. Jesús Rogelio Lemarroy González, quien le “vendió” el lujoso departamento de San Pedro Garza García, NL. al marido de Rocío Nahle, según lo publica en X Arturo Castagné, el veracruzano que denunció ante la Fiscalía General de la República el enriquecimiento inexplicable de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.
Podemos ver gasolineras de Shell, y otras marcas, construidas pero cerradas. El capital invertido fue estacionado por caprichos gubernamentales mientras la Sra. Nahle entraba en conflicto de intereses al comprar, por la quinta parte de su precio, su departamento en San Pedro, municipio más rico del país.
Decimos que el modelo de administración pública durante el sexenio ha sido diseñado para robar con total cinismo. Pero ahora la impunidad llega a niveles que ni siquiera vimos en sexenios anteriores. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, lleva seis años en prisión después de que se descubriera la inmensa fortuna que había desviado de las arcas de Veracruz. Duarte pensó que su cercanía con Enrique Peña Nieto le daría un salvoconducto. Lo mismo que César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quintana Roo, quien vendiera en cacahuates reservas valiosísimas de ese estado.
Ellos no gozaron de la impunidad que hoy tienen Rocío Nahle, Manuel Bartlett y sus familiares; Amílcar Olán y asociados; Julio Scherer, Zaldívar y compañía; Ignacio Ovalle y sus lácteas transas en Segalmex; Ana Guevara y sus rapidísimos latrocinios en la Conade; qué decir de los enormes goles que le metió Cuauthémoc Blanco al estado de Morelos. Qué decir de algunos gobernadores de Acción Nacional que pasaron a mejor vida (económica) y todavía quieren puestos de representación popular.
La corrupción puede ser la misma o más, no lo sabemos. Lo cierto es que nunca habíamos tenido el nivel de impunidad de hoy. Tan solo leer el libro “Traición a Palacio” de Hernán Gómez (distinguido admirador de la 4T), nos asoma a la sórdida venta de juicios en el Poder Judicial de Arturo Zaldívar. Aunque el libro está referido casi en su totalidad a los negocios de Julio Scherer durante su época de consejero presidencial, amplía a detalle los “bisnes” que presuntamente hacía el hijo del gran periodista creador de Proceso.
La difusión que tienen los más sobresalientes actos de corrupción, los de miles de millones por así clasificarlos, debería mover la conciencia de millones de mexicanos.
Si la riqueza inexplicable de Rocío Nahle no es suficiente para evitar que llegue a la gubernatura de Veracruz, entonces podemos darnos por vencidos. Si la gente quiere ser gobernada por quienes los esquilman por un plato de lentejas, entonces perdemos por default.
La memoria no perdonará. Los periodistas escribimos el primer borrador de la historia, solo el inicial. Lo demás estará al alcance de una frase en cualquier plataforma de Inteligencia Artificial, receptáculo de todo documento, de cualquier juicio público, de todo conocimiento humano en el futuro.
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