Guanajuato.- Con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se reduce a seis meses el plazo para que los tribunales fiscales resuelvan los amparos. De no hacerlo, los jueces pueden ser objeto de sanciones y eso llevará a que las resoluciones se hagan al vapor.
“El Poder Judicial de la Federación ha sido el contrapeso del Poder Ejecutivo, como del Legislativo que es necesario, con la reforma puede llegarse a vulnerar”, afirmó José Antonio Guerra Caparrós, abogado presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac) Aguascalientes.
Hay una disminución de los plazos para resolver los juicios de amparo, específicamente en la materia fiscal se reduce a seis meses”, dijo.
Doctor en Derecho Fiscal y socio de la firma Auren Aguascalientes, Guerra Caparrós aseguró que antes de la reforma el plazo era abierto para los procesos, atendiendo el rezago, carga y tiempos del Tribunal, y podía tomar de ocho meses a un año. “Con la Reforma, esto pudiera estar generando resoluciones al vapor en temas fiscales”, agregó.
Advirtió que si el juzgador se siente presionado por los tiempos, y paralelamente se siente comprometido por el Tribunal de Disciplina Judicial “¿de qué manera van a estar resolviendo?”.
De exceder los seis meses, el Tribunal de Disciplina Judicial puede abrirle al juez un proceso sancionador por actos u omisiones.
En qué punto se encuentran
El letrado explicó que la primera instancia en la defensa de los contribuyentes es el Tribunal de Justicia Administrativa, que no forma parte del PJF.
Los contribuyentes cuentan con recursos administrativos para defenderse ante instancias como el SAT, IMSS, Infonavit, STPS, en caso de que la resolución no sea favorable se puede dar un juicio de nulidad, que resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Y si otra vez no es favorable al contribuyente, se puede acudir al Poder Judicial de la Federación. La autoridad fiscal lleva a cabo juicios de revisión, que resuelven los juzgados de distrito que forman parte del PJF.
Si el asunto acaba en un amparo ¿cuál crees que va a ser el destino de tu asunto? es muy probable que pierdas ante un Poder Judicial no autónomo”.
En el aire, la jurisprudencia
El doctor en Derecho Fiscal advirtió que con esta reforma no se sabe qué va a pasar con los criterios jurisprudenciales.
Explicó que las decisiones del PJF son resúmenes de la jurisprudencia, decisiones de sentencias que han existido y conforman una guía analizada y estudiada para resolver ciertos casos.
Guerra Caparrós señaló que hay miles de jurisprudencias con las que se ha emitido una construcción de análisis, pero “puede ocurrir que los nuevos ministros digan ‘nos apartamos del criterio’”.
Destacó que la experiencia del abogado fiscal es esencial, previo a que venga un problema con alguna autoridad, para estar blindado jurídicamente.
Votación
Respecto al costo económico que suponen las votaciones de jueces y magistrados, el presidente de Anefac citó un análisis para Aguascalientes.
Los hidrocálidos van a tener 162 candidatos del PJF; en lo local 312. Se gastarán 33 millones de pesos en impresión de boletas, se van a necesitar 15 millones de boletas, por el tamaño de la población y número de cargos.
En 2025 el 50% de los jueces y magistrados van a estar fuera, en la segunda etapa el 50% de las plazas restantes entrarán en tómbola.
“Yo me dedico a la defensa constitucional y fiscal y no conozco a todos los magistrados que me resuelven. No es demeritar la conciencia popular pero no se va a saber por quién se vota”, concluyó.
JRL