Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a una corte federal de apelaciones que revoque la orden de una jueza que le prohibió temporalmente revisar un lote de documentos secretos incautados el mes pasado durante un allanamiento del FBI a la finca del expresidente Donald Trump en Florida.
El Departamento le dijo a la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito en Atlanta que la prohibición de la jueza, impuesta la semana pasada, había impedido los “intentos del gobierno de proteger la seguridad de la nación” y que interfirió con su investigación sobre la presencia de documentos ultrasecretos en la mansión Mar-a-Lago. Le pidió a la corte que cancele esa orden, de forma que puedan reanudarse las labores y que suspenda la orden de un juez que obliga al Departamento a entregar los documentos clasificados incautados a un árbitro independiente para que los revise.
“El gobierno y la ciudadanía sufrirían un daño irreparable si no se suspende” la orden, escribieron abogados del Departamento en su texto entregado el viernes a la corte federal de apelaciones.
El nombramiento por parte de la jueza federal de distrito Aileen Cannon de un perito especial para que revise los documentos y el resultante forcejeo jurídico que ha provocado, muy probablemente generarán una demora de semanas en la investigación del Departamento sobre la retención de documentos secretos en la propiedad de Florida después de que Trump dejó la presidencia.
El Departamento de Justicia ha estado investigando posibles infracciones a diversas normas, como la Ley de Espionaje, pero sigue sin estar claro si Trump —que ha estado preparando el terreno para una posible postulación a la presidencia— o alguien más podría ser acusado formalmente.
El FBI dice que incautó aproximadamente 11.000 documentos, entre ellos unos 100 con advertencias de ser ultrasecretos y que fueron hallados en un almacén y una oficina, mientras cumplía una orden de cateo con autorización judicial en la mansión el 8 de agosto. Semanas después de la búsqueda, abogados de Trump le pidieron a la jueza que nombrara a un perito especial con el fin de que este efectúe una revisión independiente de los documentos.
Cannon concedió la solicitud la semana pasada, asignando un perito especial para que revise los archivos y descarte cualquiera que pudiera estar cubierto por el privilegio ejecutivo o por el privilegio abogado-cliente. Le ordenó al Departamento que suspendiera su uso de los documentos secretos con fines de investigación hasta una nueva orden judicial, o hasta que el perito especial concluya sus labores.
El jueves por la noche, la jueza asignó a Raymond Dearie, ex juez principal de la corte federal con sede en Brooklyn, para que sea el perito. También se negó a anular su orden anterior, citando disputas en curso sobre la naturaleza de los documentos que, según dijo, merecían una revisión neutral por parte de un árbitro externo.
“La Corte no considera apropiado aceptar las conclusiones del Gobierno sobre estos temas importantes y en disputa sin una revisión adicional por parte de un tercero neutral de manera expedita y ordenada”, escribió.
El Departamento también solicitó a la corte de apelaciones que revoque la orden de Cannon de proporcionar los documentos clasificados al perito especial recién designado, alegando que no había razón para que el árbitro revisara registros altamente confidenciales que no involucraran cuestiones de privilegio legal.
“El demandante no tiene derecho a reclamar la devolución de esos documentos, que pertenecen al Gobierno y fueron incautados en una búsqueda autorizada por un tribunal”, escribieron los abogados del Departamento. “Los documentos no están sujetos a ningún posible reclamo de privilegio personal entre abogado y cliente. Y ni el demandante ni el tribunal han citado ninguna autoridad que sugiera que un expresidente podría invocar exitosamente el privilegio ejecutivo para evitar que el Poder Ejecutivo revise sus propios archivos”.
HLL