Estados Unidos.- Los problemas judiciales de Donald Trump comenzaron en marzo cuando el fiscal de Manhattan Alvin Bragg le imputó por falsificación contable por el pago a la actriz porno Stormy Williams cuando comenzaba la campaña electoral de 2016 para que guardara silencio sobre su supuesta relación sexual.
Posteriormente, en junio, el fiscal especial Jack Smith presentó cargos contra él por haber retenido en su poder de modo ilícito documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
Y a comienzos de este mes, Smith volvió a acusarle, esta vez de intento de manipulación de los resultados de las elecciones de 2020, cuando el demócrata Joe Biden le derrotó por siete millones de votos en sus intentos de renovar la presidencia por cuatro años más.
De esta última acusación, Trump acudió el jueves 24 de agosto a la prisión del condado de Fulton, en Georgia, a entregarse. Fue fichado por el delito de liderar una asociación de tipo mafioso para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.
El pliego de cargos recoge una conversación, publicada entonces por el Washington Post, entre el entonces presidente y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que Trump pide el 2 de enero de 2021 al funcionario, también republicano, que le “encuentre” 11.780 votos, el número necesario para derrotar a Biden. También acusa al expresidente de participar en una trama para que electores falsos votaran a su favor en la ceremonia de ratificación de los resultados de los comicios en el Congreso de Estados Unidos.
Lo de este jueves, es la primera vez que se toma una fotografía policial a un presidente de Estados Unidos en activo o retirado. Una fotografía que ya quedará para siempre.
Trump fue dejado en libertad con una fianza de 200.000 dólares (3 millones 300 mil pesos) y volvió al aeropuerto para su vuelo de regreso a su residencia en Nueva Jersey.
Después de 23 minutos en el interior de la prisión, y ya de regreso en el aeropuerto para tomar el avión de vuelta, volvió a repetir las acusaciones que profiere tras cada comparecencia judicial: “esto es una injerencia electoral”, “es un triste día para Estados Unidos”, “no hemos hecho nada malo”.
Otras 18 personas se encuentran también imputadas en este caso. Nueve de ellas ya se han presentado en la prisión del condado de Fulton para la toma de huellas, foto y entrega de la fianza correspondiente. Entre quienes ya han pasado por allí se encuentra Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, una de las personalidades que más insistió en que el republicano era el ganador legítimo en Georgia. Horas antes de la comparecencia de Trump, también se presentaba Mark Meadows en la prisión de Fulton para quedar fichado.
¿Y si lo encarcelan puede seguir siendo candidato?
A Trump nada le impide seguir siendo aspirante y ganar la candidatura republicana, incluso la de ganar la presidencia para elegir un fiscal que lo exonere. O con base a apelaciones seguir atrasando todos los juicios penales.
Si hubiese algún caso federal pendiente el día de su toma de posesión, Trump sencillamente podría usar su poder para obligar al Departamento de Justicia a descartar el asunto, como insinuó que podría hacerlo.
Pero la Constitución no les concede a los presidentes autoridad supervisora sobre los fiscales estatales, así que eso no funcionaría en el caso de las investigaciones estatales en Nueva York y Georgia, donde la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha señalado que está a punto de llegar a una decisión acerca de los cargos en su propia investigación relacionada con la interferencia en las elecciones.
Quizás lo más que pueda hacer Trump sería intentar retrasar un proceso sobre cualquier acusación estatal que estuviera pendiente. Anteriormente, el Departamento de Justicia ha adoptado la postura de que los procedimientos penales contra un presidente mientras está en funciones serían inconstitucionales porque afectarían su capacidad de desempeñar sus deberes.
No hay ningún fallo definitivo de la Corte Suprema acerca del asunto debido a que nunca antes se había presentado este problema. En 1997, la Corte Suprema autorizó una demanda federal contra el presidente Bill Clinton cuando estaba en funciones, pero se trataba de una demanda civil, no penal.
El juicio de Trump en Nueva York por las acusaciones de fraude contable está programado para iniciar en marzo; la fecha de algún juicio en Georgia sigue abierta.
Si Trump fuera hallado culpable en uno o más casos, lo más seguro es que presente apelaciones, con lo cual se retrasaría cualquier sentencia y garantizaría que no estuviera encarcelado el día de la toma de posesión. Luego, surgiría la pregunta de qué ocurriría si asumiera el cargo por un segundo periodo.
Si fuera declarado culpable en un caso federal, probablemente procedería a otorgarse el indulto, una facultad que, en 2018, afirmó tener el “derecho absoluto” de ejercer. No está claro si un autoindulto sería legítimo.
En ningún lugar de la Constitución dice que está prohibido que un presidente haga esto. Pero en 1974, el Departamento de Justicia emitió un dictamen jurídico conciso que decía que el presidente Richard Nixon, al parecer, no tenía la facultad para indultarse a sí mismo “según la norma fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso”.
Pero el dictamen no explicaba lo que transformaba ese principio en un límite no escrito al poder que la Constitución confiere a los presidentes. Los juristas no están de acuerdo en ese tema, pero ningún presidente jamás ha afirmado que se estuviera indultando a sí mismo, así que esto nunca ha sido probado ante el tribunal.
En un escenario así, Trump está casi seguro de ejercer su control del Departamento de Justicia para garantizar que esté de su lado con respecto a si un autoindulto es legítimo. Si los fiscales no cuestionan un autoindulto, no queda claro quién más tendría capacidad legal para ocuparse del asunto.
Si hallaran culpable a Trump en Nueva York o Georgia, no se otorgaría el indulto porque la Constitución no le confiere al presidente el poder de perdonar delitos estatales, sino que es una facultad que ejercen los gobernadores. Si el gobernador correspondiente no lo indulta, podría solicitar, por razones constitucionales, una orden judicial federal para retrasar cualquier encarcelamiento (o que requiera su excarcelación) mientras sea el presidente en funciones.
Otra posibilidad es que, si lo encarcelaran, podría ser destituido de su cargo al principio de su segundo periodo, según la enmienda 25, por ser “incapaz de ejercer las facultades y deberes de su cargo”.
Pero ese desenlace requeriría que la mayor parte del gabinete del presidente, junto con el vicepresidente, tomaran esa determinación. Una de las preguntas que plantearía esa posibilidad es quién calificaría como un miembro del gabinete si el Senado no hubiese confirmado ningún candidato político nuevo de Trump. (The New York Times)