Ciudad de México.- El Gobierno salvadoreño concluyó el proceso de repatriación de siete ciudadanos que murieron en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y reiteró su exigencia para que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia y se castigue a los responsables.
Cindy Portal, vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, dijo, en conferencia, “nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos por lo cual hemos sostenido reuniones clave para dar a conocer nuestra posición” al Estado de México.
La funcionaria señaló que los cuerpos de los salvadoreños habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.
Explicó que el Gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como de los gastos de transporte y estadía de los familiares que viajaron a ese país para identificar los cuerpos.
Por respeto a los familiares, indicó, no identificaron a las víctimas, aunque señaló que se trata de siete hombres con un rango de edad entre los 35 y 40 años. Refirió que las autoridades mexicanas publicaron los nombres de 12 de los más de tres docenas de muertos en el siniestro.
Dijo que en un principio se habló de 12 salvadoreños fallecidos, pero que luego de las investigaciones en el campo se confirmó que sólo se trataba de siete. Agregó que otros cinco fueron afectados, dos de ellos se encuentran en estado grave, y los otros tres recibieron el alta médica y continuaron su camino hacia Estados Unidos.
Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel”, subrayó Portal. “Estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”, agregó.
Recordó que “este no es el primer caso donde El Salvador está exigiendo respuesta; hay muchos casos que han quedado en la impunidad y en los que nosotros estamos solicitando resarcimiento de los daños”.
Mencionó el caso de 14 salvadoreños que fueron asesinados en el estado de Tamaulipas en 2010 y el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar hace poco más de dos años en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, en el que, según señaló, habrían participado varios policías.
Piden reubicar a la Comar
La saturación de solicitudes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y sus limitados recursos para responder han hecho que vecinos de la colonia Juárez afectados por un campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, soliciten al organismo que emigre.
“Si antes ocupaban la plaza, ahora las tiendas de campaña también están en las banquetas de alrededor, con lo que la situación se está volviendo inmanejable. En el corto o mediano plazo, la alternativa más viable sería reubicar a la Comar”, afirman vecinos y comerciantes en una carta.
La misiva está dirigida a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, de la cual depende la Comar y cuya oficina está a dos calles del organismo y a cuatro del campamento que no deja de crecer.
Los inconformes también han iniciado una recolección de firmas en la plataforma de peticiones change.org con el título: “Exigimos una reubicación digna de las y los migrantes niños y adultos de la Plaza Giordano”.
El 31 de marzo pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) usó 20 camiones de 46 asientos cada uno para trasladar a los migrantes a oficinas estatales, a fin de agilizar sus trámites.
Se instalan más de 600
Sin embargo, siete días después, el Viernes Santo, ya había de nuevo más de 600 migrantes en casas de campaña al pie de la estatua de Giordano Bruno, esperando cita en la Comar para ser considerados durante un año como refugiados en México.
Entre enero y febrero pasados, según el INM, 70 mil 526 personas entraron irregularmente a México, 54.6% más que en el mismo lapso de 2022.
Pero no son todos, por ejemplo, tienen registrados 770 en la Ciudad de México, apenas los que se llevaron el 31 de marzo de la colonia Juárez.
La Comar, en tanto, recibió el año pasado 118 mil 478 solicitudes de refugio, seis veces más que en 2018, pero su presupuesto en esos años apenas aumentó de 33 millones a 48.
“Somos 12, cinco niños, de dos, de cuatro, uno de un año, uno de 10, otro de 11, y siete adultos”, afirma la venezolana Jennifer Silva, de 38, quien carga a un bebé de un año, rodeada de otras tres mujeres.
Salieron el pasado 28 de febrero de Venezuela porque allá, dicen, el dinero no vale nada.
Los bolívares están tirados en las banquetas, asegura Jennifer.
“Vivimos con cinco dólares al mes y un refresco cuesta cinco dólares”, comenta la mujer, quien añade que no sabía que en la Plaza Giordano Bruno había tantos haitianos.
La mayoría de los isleños provienen de Chile, donde trabajaron por siete años con la promesa de ser regularizados, pero de pronto, afirman, la economía se puso mala.
“Hay nuevo Presidente que nos trata a nosotros mal, él no piensa por los migrantes extranjeros”, dice Pauleus Jocener minetras desata las trencitas de su pelo afro para matar el tiempo en la Plaza, porque la Comar le dio cita hasta finales de mayo.
Pero Jocener no sabe que la respuesta de la Comisión podría tardar hasta 100 días hábiles.
El viernes llegó personal del Gobierno de la Ciudad con la propuesta de llevarlos hoy al albergue migrante que abrió en Tlalpan.
Allá, les prometieron, el INM podría darles una visa humanitaria con la que se podrían moverse libremente por 15 días, pero algunos no lo creen o no quieren.
La familia de Pauleus Jocener, una niña de ocho años y su esposa, se quedó en Chile.
“Quince días no sirve porque no sé cuándo va a venir mi familia a alcanzarme”, comenta.
Cada tanto llegan nuevos migrantes de uno de los países más pobres del mundo, algunos cocinan arroz con frijoles, lavan su ropa con galones de agua y otros apenas comen lo que pueden comprar o les regalan.
Hace unos días, un paramédico del 911 diagnosticó gastritis a una mujer que se apretaba el estómago en una de las casas de campaña.
“Resulta urgente habilitar espacios de atención allí mismo y en otros puntos. más allá del edificio de la Comar, para que los trámites de migración se realicen en distintos puntos de la ciudad”, demandan los vecinos.
(Con información de Agencia AP y Reforma).
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