Guanajuato, Guanajuato.- A pesar de que ya pasó un año y dos meses de que la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió una recomendación a los 46 municipios para que aprueben un reglamento de manifestaciones, ninguno de ellos ha cumplido. 

Un total de 40 municipios aunque sí aceptaron la recomendación, ninguno lo ha cumplido. Y los otros seis ni siquiera lo han aceptado, que son: Atarjea, Santa Catarina, Pénjamo, Xichú, San Diego de la Unión y Tierra Blanca. 

Así lo dio a conocer Vicente Esqueda Méndez en su comparecencia ante diputados de la Comisión de Derechos humanos del Congreso y a la que se sumaron otros seis diputados.

Dicha recomendación fue emitida en abril del 2021, y los municipios tenían cinco días hábiles para contestar si la aceptaban o no, y otros 15 días naturales para cumplirla. Por lo que “los tiempos ya están rebasados en exceso”, señaló el funcionario en entrevista. 

Antes, les explicó a los diputados que los seis municipios que no han ni siquiera contestado le informaron a la Procuraduría que no habían recibido el documento. Se los volvieron a mandar y ni así. 

Agregó que otro factor que incidió en el incumplimiento fue el cambio de administraciones municipales el 10 de octubre de 2021. 

“A pesar de que se le ha dado publicidad (a la recomendación y a los municipios incumplidos) no ha habido respuesta”, lamentó.

Agregó que a los seis municipios que no han aceptado la recomendación se les hicieron requerimientos y cabe la posibilidad legal de que sean llamados ante el Congreso del Estado para que expliquen por qué de su negativa. 

Y para los otros 40 que sí la aceptaron, sí es una obligación cumplirla. 

Derechos Humanos, sin facultades para búsquedas

Interrogado por algún diputado sobre la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos en las búsquedas de personas desaparecidas, Esqueda Méndez aclaró: “Nosotros como Procuraduría no tenemos un papel reconocido en las acciones de búsqueda”.

Explicó que a pesar de esto sí lo han hecho, a raíz del hallazgo de 17 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad El Sauz de Villaseñor, en febrero del 2021, porque las buscadoras publicaron en sus redes sociales que había llegado la Policía. 

Él se percató de esto y mandó personal del organismo, para evitar una violación a derechos humanos. 

“La presencia es más de carácter inhibitorio, e incluso hemos llegado a intervenir y mediar entre personas”, destacó. 

De tal manera que han participado en 77 búsquedas de campo en este año y 104 el año pasado. Y también han recibido peticiones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que les presten psicólogos para la atención de víctimas. 

También que tienen casi terminado un protocolo de actuación para que las dependencias públicas tengan una base para atender a niños y adolescentes.

LALC