Guanajuato, Guanajuato.- En la Comisión de Justicia se aprobaron reformas a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social que tiene como objeto reconocer el derecho de asistencia social a hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas de un feminicidio u homicidio.
Con estas reformas se establece que tienen derecho a la asistencia social, los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, entre los que se comprenden, entre lo que se contempla a los hijos menores de edad de mujeres víctimas de un feminicidio u homicidio.
Además, aprobaron el dictamen en el que se establece el archivo definitivo de la iniciativa de reforma al Código Civil que buscaba garantizar los alimentos a mayores de edad que cursen un grado académico acorde a su edad. Y se rechazaron otras dos de Morena.
En el dictamen aprobado se estableció que en la privación de la vida de una persona no solo es víctima quien resiente directamente la conducta, sino que transciende más allá, principalmente a la familia, máxime cuando de por medio hay hijos menores de edad, quienes quedan en una situación especial de vulnerabilidad, principalmente en los casos cuando la víctima directa a quien privaron de la vida fue su madre, y peor aún si el feminicidio se perpetró en el ámbito familiar.
Esta situación, claramente adquiere una mayor complejidad cuando, en varios de estos casos, el feminicida es el padre de las víctimas indirectas, por lo que quedan en una posición de vulnerabilidad aún mayor, como bien lo señalan los iniciantes al exponer la problemática generada a partir de un hecho violento de la magnitud de un feminicidio u homicidio.
En tal contexto, para los diputados no hay duda de quienes dictaminamos de que los hijos o hijas menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio u homicidio después de vivir un acontecimiento por demás dramático, se coloquen en un estado de vulnerabilidad, que no puede ni debe ser pasado por alto por el Estado.
Al Estado corresponde realizar todas las acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan a los menores su desarrollo integral, así como su protección física, mental y social en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
AM