Guanajuato – El diputado Alejandro Arias Ávila, del PRI, propuso ante el Congreso que Estado y municipios indemnicen a familiares de personas desaparecidas o colectivos de búsqueda por daños causados por terceros a su persona, salud, patrimonio, familia o a su propia vida.
En su exposición de motivos explicó que, por inactividad u omisión en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, el estado se convierte en un generador de riesgo para familiares afectados que se ven obligados a asumir esa tarea.
En ese sentido, dijo que Estado y municipios, por su inactividad o exceso en la investigación de personas desaparecidas, y permitir de forma expresa o tácita que familiares tomen riesgos que corresponden a ambos niveles de gobierno, estos deben asumir su responsabilidad patrimonial.
Con esta iniciativa se estaría reconociendo, como una excepción, que estado y municipios, mediante la acción de responsabilidad patrimonial, indemnicen” a familiares de personas desaparecidas que resientan daños al realizar funciones de búsqueda que no les competen, abundó.
El estado y municipios deberán asumir su responsabilidad patrimonial cuando permitan, en forma expresa o tácita, la participación de familiares de personas desaparecidas en su búsqueda y los riesgos que corren se materialicen en daños, o cuando inicien o continúen esa tarea orillados por el exceso, negativa una omisión de la autoridad competente, abundó.
Ninguna duda cabe que familiares de desaparecidos en ocasiones participan en su búsqueda, en unos casos con conocimiento y anuencia de las autoridades del estado, y en otros por cuenta propia, motivados por la desesperación de la inactividad de las autoridades, poniendo en riesgo su integridad personal, familiar y su propia vida”.
El coordinador de la fracción del PRI dijo que la indemnización por daños también beneficiaría a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas formalizados mediante escritura pública, a los que se reconocería su calidad de víctimas, como plantea su iniciativa.
Su propuesta considera otorgar competencia al titular de la Fiscalía General del Estado para que conozca del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial para servidores de ese organismo autónomo, y contempla reformas a las leyes de Responsabilidad Patrimonial, para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Víctimas.