La decisión del Gobierno de México de reiniciar los trabajo de construcción del Tramo 5 del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum a pesar de existir una suspensión definitiva decretada por un Juez Federal que la concedió en atención a que la construcción no cuenta con una Evaluación Ambiental; por tratarse de una violación a la Ley de Amparo, quienes la violen podrán ser sujetos de una sanción de carácter penal; la esencia es que el Gobierno mexicano violando flagrantemente la suspensión decretada que viola las garantías de quienes interpusieron el juicio de amparo han reiniciado al margen de la legalidad los trabajos de construcción; en un comunicado el titular de FONATUR informó que en una sesión del Consejo de Seguridad Nacional se tomó la determinación de declarar el tramo 5 que está en disputa y que colectivos ambientalistas han señalado que el paso del proyecto ferroviario afectará cenotes, flora y fauna de la zona, como una obra de Seguridad Nacional, por ende decidieron violentando la ley de Amparo y la Constitución reiniciar la obra de inmediato.
El antecedente de la declaratoria emitida por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Noviembre del año 2021, con la publicación del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional; en sus diversos artículos se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Es sumamente grave para la vigencia de la Ley, que las autoridades violenten la garantía Constitucional de amparo sustentando su actuar en una simple declaratoria de Seguridad Nacional; en atención a la suspensión definitiva decretada, quien funge como Secretario Técnico del Consejo, pudo acudir ante el Juez que decreto la suspensión a presentar la declaratoria quedándole instancias de revisión en el Poder Judicial Federal
La flagrante violación de la suspensión definitiva, es un antecedente grave por que es precisamente la autoridad quien la viola deliberadamente; si el poder Judicial Federal o la Fiscalía General de la República no proceden en consecuencia para sancionar y garantizar el imperio de la Ley, entraremos a una espiral de impunidad e ilegalidad donde todos perdemos ante decisiones de autoridad que no respetan la ley ni las garantías que consagra la Constitución; la Ley de Seguridad Nacional no está por encima de la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente en el artículo 133 establece ese principio del Derecho, que la Constitución está por encima de todas las normas jurídicas vigentes..
Estas graves acciones están precedidas por un comunicado que el pasado 11 de Julio la representación comercial del gobierno de Estados Unidos publicó en el sentido que el Tren Maya puede violar el artículo ambiental el Tratado México-EU-Canadá (T-MEC); anunciando que esa instancia estadounidense está dando seguimiento a los procesos jurídicos contra esa obra por no contar con las Manifestaciones de Impacto Ambiental; recordémosle a las autoridades Mexicanas que la Ley es la Ley y nadie debe estar por encima de ella. Hasta la próxima
B. Gerardo Rodríguez Menéndez
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo