La experiencia y operación política se impuso en la decisión de los Senadores de regresar a comisiones el dictamen referente a la permanencia del Ejército y la Marina realizando funciones de seguridad Pública, el tema central se enfocó en las discusiones torales sobre la permanencia de los militares haciendo funciones policiacas y combatiendo conductas ilícitas hasta el 2028; no solo es un debate centrado en aceptar o no la prórroga de 2024 al 2028 como lo han posicionado en los medios, existen matices que de ser discutidos y analizados pueden lograr la aprobación de todas las fuerzas políticas, para lograrlo es imprescindible establecer los tiempos y procedimientos para ir preparando y formando mandos y operativos civiles, bien entrenados y calificados que integren la Guardia Nacional, para asumir plenamente las funciones de Seguridad Pública y regresar al ejército y la Marina en términos de ley a realizar sus funciones; un acuerdo viable podría ser que el ejército y la Marina permanezcan como hoy operan pero con la definición de fechas ciertas y procedimientos verificables para preparar y capacitar civiles, entregar el mando y la estructura, pudiera ser a más tardar en el 2026; es deseable que los Senadores de la República dejen de lado posiciones del todo o nada, negocien alternativas y antepongan el interés de la Nación a los vaivenes políticos de sus partidos y fracciones.
La figura estructural y funcional de la Guardia Nacional, existe desde hace 195 años en los diversos textos Constitucionales que hemos tenido en el País, aunque tuvo una concepción diferente en estructura y funcionamiento; surgió con las Cortes de Cádiz y fue reglamentada en 1822, cuando el Congreso Constituyente emitió el Reglamento Provisional Político del Imperio estableciéndose como el antecedente histórico más remoto de la figura de la Guardia Nacional, la Milicia Cívica, conformada por ciudadanos armados en defensa de su región; diversos tratadistas no consideran a esta constitución histórica como parte de los textos constitucionales de México por haber sido aprobada antes de la Declaración de Independencia, sin embargo podemos considerarla como un antecedente primigenio; la Guardia Nacional se creó como tal en 1832, y en 1847 pasó a la jurisdicción de la Secretaría de Guerra. Teniendo una actuación fundamental y compleja, no siempre fue republicana subdividiéndose bajo múltiples liderazgos e ideologías conservadoras y liberales por ser de adscripción estatal, estando sujeta a los intereses políticos territoriales
Durante el periodo comprendido de 1846 a 1847 la situación política de México se caracterizó por incertidumbre e inestabilidad, el territorio nacional fue ocupado por el ejército norteamericano sin gran resistencia por parte del ejército permanente o de la población; durante la guerra de intervención de los Estados Unidos en México, Mariano Otero resaltó el valor de la Guardia Nacional y demandó que no estuviera sujeta a los gobernadores sino a la defensa de la nación; en el año de 1840 estar alistado en la Guardia Nacional implicaba una extensión en la esfera de derechos: por el hecho de inscribirse en ella para la defensa de la patria, los individuos adquirían el voto activo y pasivo en las elecciones populares, quien no formara parte de la Guardia Nacional se exponía a sufrir la pérdida de sus derechos políticos, devino un deber de todo mexicano entre la edad de 18 y 50 años integrarla, gozando de popularidad porque exentaba a quien estaba inscrito en ella del servicio regular del ejército; terminada la guerra con los Estados Unidos y acordada la amnistía, se procedió a federalizar la Guardia Nacional con el fin de acotar los poderes locales y fortalecer el poder central: se estableció que la justicia de la Guardia Nacional es inherente a las formas republicanas y el sostén de las libertades públicas; en algunos casos, se prometió dotación de tierras al retorno del servicio y restitución de tierras a los pueblos.
Interesante esta figura que ha sido retomada por este Gobierno, es imprescindible que lejos de las posturas totalitarias se privilegie el dialogo y se negocie el termino fatal para que el Ejército y la Marina realicen funciones de Seguridad Pública y se defina el traspaso de esas funciones a la debida integración de la Guardia Nacional como fuerza civil que rinda cuentas y vele integralmente por la seguridad interior de los ciudadanos privilegiando la inteligencia y el respeto a los derechos humanos. Hasta la próxima.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo