El conflicto en la cementera Cruz Azul no tiene fin a corto plazo y en cambio la confrontación entre los dos grupos que disputan la representación legal amenaza con salirse de control como ya sucedió anteriormente.
Ayer circuló en diarios nacionales la nota sobre que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México anuló la asamblea en la cual Federico Sarabia Pozo fue electo presidente del consejo de administración de la cooperativa Cruz Azul.
Con ello, se desconoce a los consejos de administración y vigilancia encabezados por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, a fines a Guillermo Billy Álvarez, quien lleva más de dos años prófugo de la justicia y es buscado a nivel internacional por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Mientras que el grupo disidente liderado por Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez se valdrían de esta sentencia del tribunal para asumir el control de la cooperativa.
Los seguidores de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales tienen actualmente la posesión de la cementera Cruz Azul, en Tula, la cual acumula más de un mes sin energía eléctrica, luego que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio.
Lo cual provocó que los cooperativistas cerraran carreteras y demandaran la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que la planta dejó de producir 5 mil toneladas diarias de cemento, lo que representa una pérdida de diez millones de pesos cada 24 horas.
Ante ello, los cooperativistas buscaron formas alternas de producir cemento en medio del cerco instalado por la CFE y ahora también el impedimento legal que se avecina.
Son los seguidores de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales quienes impidieron que un grupo de choque integrado por personas originarias del Estado de México tomaran la planta de Cruz Azul el pasado 27 de abril con saldo de 8 muertos y 12 lesionados.
Y responsabilizaron de contratar al grupo de choque para expropiar la planta a Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, quienes a su vez se deslindaron a través de sus abogados.
En medio del conflicto permanecen jubilados y viudas a quienes les negaron sus pensiones y servicios médicos, así como los trabajadores que se quedaron sin sustento para sus familias al estar suspendida la producción de cemento por el corte de la energía eléctrica.
Si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México permanece firme en los próximos días, es casi seguro que Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez intentarán tomar la planta, esta vez con el apoyo de la fuerza pública y no desde la ilegalidad con un grupo de choque.
Carros incendiándose, detonaciones de arma de fuego, cuerpos sin vida sobre el pavimento en medio de la ausencia de la autoridad, es lo que se aproxima en caso de que los gobiernos estatal y federal no intervengan.
En el conflicto por la posesión de la cooperativa Cruz Azul, mucho dinero es lo que está en juego y urge que la autoridad lo solucione antes de que otro tipo de grupos intervengan como los de la delincuencia organizada.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo