El desvío millonario durante la administración de Omar Fayad Meneses fue así: los recursos extraordinarios de la federación bajaron a las alcaldías que entregaban el dinero en efectivo a las empresas fachada, las cuales a su vez fueron contratadas por dos secretarías del pasado gobierno estatal.
Primero el actual gobierno del estado señaló a seis presidencias municipales, producto de denuncias iniciadas por los integrantes de esas administraciones locales, pero hasta la noche de ayer sumaban 13 alcaldías, entre ellas Huautla y Nopala, esta última emanada de Morena más las que se acumulen en el transcurso de las semanas.
En un primer corte, el presupuesto malversado fue de 200 millones, pero actualmente las autoridades estatales cuantifican 580 millones de pesos en obra que no se construyó, servicios que no se ejecutaron, gastos para combatir COVID-19 que no se llevaron a cabo e incluso supuestas asesorías millonarias.
Tal recurso fue transferido desde la federación a los gobiernos municipales y al ser dinero extraordinario no estaba sujeto a revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de su par en la entidad.
Además, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) inició cinco carpetas de investigación adicionales sobre contratos multimillonarios en la administración anterior.
Quizá Omar Fayad Meneses no lo sepa todavía, o se niega aceptarlo, pero su administración se convirtió en un rómpase en caso de emergencia para el actual gobernador Julio Menchaca y vaya que hay pasto de sobra para pastorear peculados y ejercicios indebidos del servicio público.
Tan solo dos muestras: los 500 millones de pesos para el fallido Sincrotrón que nadie sabe dónde quedaron o los 807 millones de pesos que invirtió la Secretaría de Finanzas en el banco Accendo que después se declaró en quiebra y que ahora el gobierno de Hidalgo deberá reintegrar con intereses.
Además de obras faraónicas cuya utilidad hasta hoy no ven los ciudadanos como el puente atirantado, o atarantado, que visto a la debida distancia o con perspectiva, pues, si parece un servilletero enorme.
La vinculación a proceso del regidor priista con licencia en el ayuntamiento de Pachuca, Christian Caballero Barreiro, por ultrajes a la autoridad y lesiones, es el camino que la actual administración estatal debe seguir con perfiles de mayor estatura sin importar colores partidistas.
El regidor con licencia dormirá durante los próximos dos meses recluido en el Cereso de Pachuca tras ser acusado de agredir a dos policías municipales la mañana del pasado sábado y de quien el presidente municipal Sergio Baños se deslindó proverbialmente, faltaba más.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo