Aunque en Hidalgo fue derogado ya el delito de calumnia, siempre quedará la vía civil para interponer una demanda al respecto, así que el nuevo auditor superior de Hidalgo debería mesurarse y dejar de descalificar al personal despedido.

Jorge Valverde Islas llegó con la espada desenvainada a solicitar renuncias a la ASEH y para justificar esta acción que contraviene los derechos laborales, afirma que las y los caídos eran corruptos, aunque no haya denuncia de por medio.

En consecuencia, si no existen litigios contra las y los empleados y se les niega cualquier tipo de finiquito o liquidación, por no existir el régimen de despidos, el encumbrado funcionario estatal, ¿solamente fomenta así la impunidad?

Si las acusaciones por corrupción, incluso contra los ahora exempleados que no manejaban recursos públicos, son únicamente de palabra, habría entonces que darle crédito también a los señalamientos contra el propio Jorge Valverde.

El pasado 9 de enero, AM Hidalgo publicó a través de su columna Asteriscos que una organización ciudadana cuestiona al nuevo auditor por haber ofrecido sus servicios particulares a los ayuntamientos que al mismo tiempo auditaba.

Lo anterior, en su calidad de funcionario de la ASEH como director general de Fiscalización Superior Municipal. Además, parece que, en muchos casos, estos “ajusticiamientos laborales” tienen que ver con una revancha política.

Sería bueno aclarar si las decenas de bajas o renuncias forzadas en todos los casos son por corrupción, como afirma Jorge Valverde, o tiene que ver con que sus ingresos fueron en los periodos de José Luis Lima y Rodolfo Picazo.    

El funcionario ha manifestado públicamente que dio de baja a personal corrupto y con esa afirmación mete en la misma bolsa a quienes han sido forzados a renunciar “por indicaciones” y que alistan ya denuncias por daño moral.

ADRIÁN VARGAS

Tras las recientes detenciones, el abogado Adrián Vargas González anda a salto de mata. Desde el 11 de enero promovió un amparo (41/2023) para evitar ser aprehendido, quizá por los casos que llevó cuando Alejandro Habib era procurador de justicia en Hidalgo, como el de la farmacéutica. En aquel tiempo, el ahora exfuncionario inició una carpeta de investigación en la Ciudad de México contra un despacho fiscal y en un conflicto de intereses nombró a Vargas su representante legal, cuyo despacho es ya patrullado y con el amparo solo se autoincrimina.