“La desconozco, la desconozco”, respondió Adolfo Pontigo Loyola sobre la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) a un juez federal para condenar a 55 años de prisión a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La declaración la ofreció el rector de la UAEH al finalizar la ceremonia de colocación de primera piedra del laboratorio de medicina en Ciudad Universitaria de Tulancingo.
El fiscal federal Carlos Melo Ponce fue quien solicitó formalmente imponer al también exrector 40 años de prisión por el delito de delincuencia organizada, así como 15 años más por lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, parte de ellos recursos de la misma institución educativa.
A Pontigo Loyola se le cuestionó en dos ocasiones su opinión sobre dicha petición; en un primer momento respondió: “mira, vamos atendiendo el recorrido y venimos muy contentos de los 80 millones que estamos ocupando ahorita para esta obra”, en referencia al laboratorio de medicina.
Al insistirle respecto a su opinión sobre la petición de la FGR dijo desconocer el tema, para de inmediato acelerar el paso y dirigirse a un recorrido por las instalaciones del área de medicina de la UAEH Tulancingo.
El pasado 3 de febrero, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el estado de México, autorizó el cambio de medida cautelar por la de arraigo domiciliario hacia Gerardo Sosa, luego que este permaneció un año cinco meses en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El expresidente del Patronato Universitario debe portar un brazalete electrónico, de acuerdo con lo establecido por el juez que dictó hace poco más de cinco meses el cambio de medida cautelar.
La prisión domiciliaria se estableció luego que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada hizo la solicitud al señalar deterioro en la salud de Sosa Castelán.
Cabe señalar que el fiscal federal Melo Ponce también solicitó que el exrector pague 30 mil días de multa por cada uno de los delitos imputados.
Junto con ello, también solicitó al juez a cargo del caso condena de 35 años de prisión y 17 mil 500 días de multa a otros presuntos implicados en dichas imputaciones: Juan Manuel H.G., María Luisa M.S. y María Cruz C.A., todos ellos actualmente privados de su libertad.