Por reunión con el auditor Superior de la Federación, la secretaria de Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas, se excusó para no comparecer ante el Poder Legislativo y aclarar el destino de 807 millones de pesos que el gobierno estatal depositó en el banco Accendo.
Durante la sesión extraordinaria de hoy, en el Congreso local contemplaban votar el dictamen para llamar a comparecer a Jessica Blancas Hidalgo, a fin de aclarar el destino de los 807 millones de pesos que depositó en el banco Accendo, institución declarada en bancarrota.
Sin embargo, mediante un escrito presentado ante diputados y diputadas, la funcionaria estatal dijo estar impedida para declarar este 1 de septiembre, en caso que se aprobara el dictamen.
Lo anterior, luego que la Secretaría de Servicios Legislativos envió un documento a Finanzas con el cual solicitó la presencia de Blancas Hidalgo este día en el Congreso local.
No obstante, debido a una reunión con el auditor superior de la federación para tratar asuntos de fiscalización estatal, la funcionaria dijo no poder asistir.
INICIARON ACCIONES LEGALES CONTRA ACCENDO, ASEGURA
De acuerdo con el oficio que fue leído por el diputado del PRD Miguel Ángel Martínez Gómez, la titular de Finanzas de Hidalgo ya inició acciones legales contra la institución bancaria responsable de la opacidad en el recurso mencionado.
Entre ellas se encuentra una demanda oral mercantil contra Accendo que fue presentada ante la jueza primera de distrito en materia de extinción de dominio por la cantidad de 807 millones 128 mil 783.83 pesos.
De igual manera interpusieron un juicio de amparo indirecto ante el juez sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, radicado en el juzgado primero del estado con residencia en Pachuca.
Otra medida que tomó Blancas Hidalgo, informaron, fue una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la notificación al Órgano Interno de Control de la dependencia estatal, con la que solicitó iniciaran las indagatorias correspondientes.
También presentó una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la par de una solicitud de recursos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.