Luego de 36 años de servicio en la empresa Cruz Azul, Pilar Cravioto Amador fue suspendida en agosto del año pasado por no apoyar la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas al frente de la cooperativa, por lo que es una de las personas afectadas por el conflicto que tiene en vilo a la cementera ubicada en Hidalgo.
Con el número de socia 2265 de la cooperativa Cruz Azul, hasta hace un año Pilar trabajaba en las cajas de ahorro de la empresa, hasta que en agosto de 2021 el gerente general de ese apartado la suspendió debido a que se negó a apoyar la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas y su grupo, aseveró.
Vestida con playera blanca y gorra para cubrirse de los rayos del sol, Pilar fue una de las más de 2 mil personas que se manifestaron el pasado viernes en la plaza Juárez de Pachuca para exigir la intervención del gobierno estatal en el conflicto.
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AFECTÓ FAMILIA
Con 36 años de su vida dedicados a la empresa, Pilar asegura que su entrada a la cooperativa se dio gracias a su familia, ya que sus hermanas y tíos trabajaron por mucho tiempo ahí, por lo que le guarda un gran cariño a la compañía.
Sin embargo, la suspensión de hace un año afectó considerablemente su núcleo familiar, ya que cuenta con hijas que actualmente cursan su educación universitaria, por lo que desprenderse de su sueldo representó un duro golpe para la economía del hogar.
Se dijo afortunada de que sus hijas tengan su propio empleo, lo compaginen con su educación y junto a su esposo puedan solventar los gastos del hogar, situación que aminoró el golpe de ser suspendida en su trabajo.
INSEGURIDAD EN JASSO
A decir de la mujer, quien radica en Pachuca, las y los compañeros que habitan en la comunidad de Jasso, en Tula, donde se encuentra la planta cementera, consideran como un infierno vivir ahí.
Lo anterior debido al panorama de violencia que desató el conflicto por la administración de la empresa hidalguense, que incluso ya cobró la vida de ocho personas en abril del presente año.
Dicho conflicto es debido a que el movimiento Socios x la Transparencia considera como ilegal la administración de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales en la planta de Jasso, en Tula de Allende.
Por ello, Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez piden la intervención del gobierno del estado, para cumplir de manera pacífica la sentencia de un juez, quien los faculta para asumir el liderazgo de esas instalaciones.
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“Los que actualmente están a cargo de la planta de Hidalgo son delincuentes, gente fuertemente armada, por eso le pedimos al gobernador que nos apoye, ya van más de dos años con el problema, pero esperemos que ahora que se dicen un gobierno de cambio nos escuchen”, puntualizó Cravioto Amador.
Ahora, a Pilar no le queda más que esperar a que el problema se resuelva en paz para poder regresar a su centro de trabajo en la Ciudad de México, junto a muchas personas que también han perdido su fuente de empleo por la disputa de la compañía.