Federico Sarabia Pozo, quien tiene en posesión la cementera Cruz Azul en Tula, inició un amparo contra una orden de aprehensión, de acuerdo con los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.
Se trata del expediente 1716/2022 ingresado el 4 de noviembre en el juzgado tercero de distrito de Hidalgo contra una orden de aprehensión, reaprehensión o presentación forzosa.
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Sarabia Pozo responsabiliza a los cuatro jueces de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, quienes integran el centro de justicia penal federal con residencia en Pachuca.
El juez concedió la suspensión provisional; sin embargo, para que surta efectos impuso una garantía de 113 mil pesos.
INFORMES
Según los estrados electrónicos, autoridades judiciales de Puebla, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y Jalisco e incluso la décima octava zona militar rindieron informes como parte de este expediente.
También el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Mixta IV Tula; el juez séptimo de distrito en Aguascalientes y autoridades judiciales de Ciudad de México y del Reclusorio Norte.
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A su vez, se agregó un oficio firmado por la administradora del centro de justicia penal en el Estado de México, con residencia en Almoloya y autoridades judiciales de Oaxaca y Jalisco.
TAMBIÉN ZONA MILITAR
Incluso también entregaron informes relacionados con este expediente el subjefe del Estado Mayor de la décima octava zona militar.
LA DISPUTA
Dos grupos se disputan la cementera Cruz Azul en Tula, la cual está sin energía eléctrica desde el 17 de agosto ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio.
Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez exigieron en noviembre, con una concentración de miles de simpatizantes en Pachuca, que el gobierno de Hidalgo intervenga en el conflicto y que Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales desocupen la cementera.
Los seguidores de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales mantienen en posesión la cementera y el pasado 27 de abril impidieron que un grupo de choque ingresara a la planta en Tula con saldo de 8 muertos, 12 lesionados y diez detenidos.
El grupo de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales responsabilizó a Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez de contratar un grupo de choque.
Como antecedente, al menos dos elementos de la Guardia Nacional resultaron golpeados, además de una patrulla calcinada, fue el saldo de un supuesto cateo a una vivienda de un gerente de la cementera en Tula, la madrugada del pasado 15 de octubre.
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