Los informes de actividades del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Hidalgo no justificaban honorarios por 36 mil pesos, por lo que disminuyó a mil pesos mensuales a partir de abril, confirmó el contralor Álvaro Bardales Ramírez.
“En el propio portal del Sistema Estatal Anticorrupción vienen los informes de actividades, cuando uno lee los informes de actividades de ellos, tú me vas a decir: ‘cómo es posible que les hubieran pagado esos montos de honorarios’”, dijo.
Según el funcionario, los integrantes son “ciudadanos” con una participación pública, no trabajadores del gobierno del estado, por lo que su remuneración debe ser equivalente a sus labores.
“Hasta para aspectos fiscales, no se te permite expedir un recibo, una factura, un CFDI (comprobante digital por internet), si no tienen una justificación real del servicio que se prestó y nosotros no estamos poniendo la justificación de ese servicio”.
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SESIÓN FUE OPACA, REVIRA RED DE COMITÉS
En un posicionamiento emitido el 11 de abril, la Red de Comités de Participación Ciudadana manifestó su rechazo a la medida que, señaló, se decidió el 31 de marzo en una sesión “irregularmente convocada”, en condiciones de “opacidad” y con premura.
Instó al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) a que restituya las condiciones originales de los miembros del CPC y que, en su caso, genere las vías para una adecuada rendición de cuentas.
Pidió que de existir observaciones, sean solventadas por los canales institucionales y no por “consigna política”.
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DECISIÓN FUE TOMADA POR EL PLENO
El contralor Álvaro Bardales Ramírez refirió que la decisión no fue tomada por una persona, sino de manera colegiada por el pleno del sistema.
Cabe recordar que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del SEAH está integrado por el contralor; el auditor superior de Hidalgo, Jorge Valverde Islas; la fiscal en Delitos de Corrupción, Alicia Medina Castelazo; la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Jacqueline Velázquez Ramírez, y un representante del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, la presidenta del Instituto de Transparencia de Hidalgo, Myrna Moncada Mahuem, quien fue la primera en encabezar el CPC; la titular de la Comisión de Transparencia del Congreso, Lisset Marcelino Tovar; un representante del CPC, y cinco contralores municipales de Progreso, Tulancingo, Atitalaquia, Eloxochitlán y Omitlán.
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EN 2023, FALTA PROGRAMA E IMPARTEN CAPACITACIONES
En una revisión breve en redes y sitio web sobre el trabajo del CPC, actualmente conformado por Víctor Juárez Peralta como presidente, Lucero Calderón Hernández, Giselle Ivette Cortés Coria y Martha Patricia Morales Salomón, se constató que aún no está disponible el programa anual de trabajo 2023.
Según sus redes sociales, en enero el CPC impartió pláticas sobre integridad en el servicio público, presupuesto basado en resultados e implementación de control interno.
Estas, en la Unidad de Planeación y Prospectiva, la Secretaría de Desarrollo Económico, además de Pachuca, Santiago Tulantepec y Lolotla.
Realizó una mesa de trabajo con organizaciones y participó en un evento coordinado por la ONU.
En febrero se impartieron pláticas virtuales en la Unidad de Planeación y la Secretaría de Turismo; capacitaciones en Tlanalapa, Zimapán, Tasquillo, Tulancingo y Villa de Tezontepec, así como en el Instituto de Transparencia.
Un mes después, el 21 de marzo, visitó el Cobaeh y reportó capacitaciones en la Secretaría de Desarrollo Económico, el Distrito de Educación y Cecultah. También en Metztitlán, Atlapexco, Tizayuca y Villa de Tezontepec.
En sus últimas publicaciones indica que impartió capacitaciones en el Congreso local y en el Centro de Conciliación Laboral.