Madrid.- Un hombre que atacó a tres compañeros de trabajo y a un policía durante su huida murió el martes luego de que adheriera a la ley de suicidio por haber quedado tetrapléjico cuando se enfrentó a tiros con las autoridades.
Ahora la ley de suicidio asistido de España está en la mira después de que los médicos permitieran la muerte mediante eutanasia de un exguardia de seguridad que enfrentaba un juicio por haber irrumpido en su antiguo lugar de trabajo, baleando e hiriendo a tres personas y posteriormente a un policía.
Eugen Sabau, conocido como “el pistolero de Tarragona”, solicitó la eutanasia en junio, seis meses después de quedar tetrapléjico cuando la policía lo sometió en un tiroteo tras el ataque del 14 de diciembre en Tarragona, una ciudad del noreste español.
Las víctimas argumentaban que no se debería ayudar a Sabau a morir antes de ser llevado a juicio, pero dos tribunales españoles fallaron que prevalecía el derecho del acusado a buscar el suicidio asistido. El hombre murió el martes en una prisión en el noreste de España.
España se convirtió en marzo de 2021 en el cuarto país de Europa en permitir el suicidio asistido por un médico para personas con enfermedades incurables o con condiciones permanentes insoportables.
Un juzgado de Tarragona dictaminó que Sabau padecía un dolor insoportable sin posibilidad de alivio.
José Antonio Bitos, abogado del policía herido, dijo el miércoles que la ley de suicidio asistido de España se formuló precipitadamente y que debería reformarse para evitar casos similares en el futuro. Dijo que el caso sentó un precedente y que podría ser utilizado por otros acusados que se encuentren en circunstancias similares y enfrenten largas sentencias si son declarados culpables.
El experto en derecho constitucional Ramón Riu dijo a Televisión Nacional de España que el caso representaba un precedente y que aunque seguramente los tribunales lo tendrán en cuenta en el futuro, no estarán obligados a seguir el mismo criterio.
Bitos llevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no logró obtener una suspensión. Dijo esperar que el tribunal estudie el caso y exhorte a España a hacer cambios a la ley.
Sabau, un rumano con residencia española, tenía problemas con la empresa de seguridad privada para la que trabajaba y había advertido a varios compañeros que se vengaría. Bitos dijo que Sabau nunca se disculpó por lo que hizo.
El abogado dijo que ahora no estaba claro cómo las cuatro víctimas que sufrieron heridas graves pueden reclamar una compensación, dado que no habrá juicio.
HLL