Lima.- El Congreso de Perú abrió el martes las puertas a un adelanto de las elecciones generales al aceptar volver a tratar un proyecto que busca calmar las protestas desatadas tras la destitución del presidente Pedro Castillo, que ya han dejado más de 20 muertos, y que no pudo sacar adelante la semana pasada.
Por 94 votos a favor y 25 en contra de un total de 130 legisladores se aprobó el pedido para dejar sin efecto el rechazo al proyecto del viernes pasado.
La iniciativa busca recortar los mandatos del Ejecutivo y el Legislativo, que debían acabar en 2026, ante las manifestaciones en reclamo de nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la salida de Castillo.
La sesión del Congreso empezó con un minuto de silencio por la víctima mortal número 26 ocurrida la víspera, según el gobierno, en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con mineros informales que habían bloqueado la carretera en la zona de Chala, en la región de Arequipa, unos 610 kilómetros al sur de Lima.
El proyecto plantea que las elecciones generales sean en diciembre de 2023 y que los mandatos actuales terminen en julio de 2024.
Los izquierdistas, que votaron en contra de la propuesta, alegan que debe agregarse una consulta a la población sobre si quiere una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna y que el recorte de mando sea en julio de 2023 porque la protestas exigen celeridad.
Los derechistas, en tanto, sostienen que deben incluirse otras reformas para que el gobierno y los congresistas que resulten elegidos no vuelvan a generar el rechazo de la población que tienen los actuales.
Mientras, las protestas continúan. La víspera el Ministerio de Salud reportó 26 muertos y 39 hospitalizados.
Analistas consultados por The Associated Press matizaron el efecto del adelantamiento de las elecciones.
“A estas alturas, si bien es importante… ya no será suficiente”, dijo la politóloga Verónica Ayala, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
“No basta con adelantar las elecciones desde arriba, sino hacerlo de modo convocante. En ello radica el problema de la calle: no son tomados en cuenta para las grandes decisiones”, consideró el politólogo Martín Navarro, docente de la Universidad Mayor de San Marcos.
El politólogo Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que la población percibe que “los congresistas están buscando hacer tiempo para quedarse o hacer reformas que les permitan reelegirse. La insatisfacción de quienes protestan con la política hace que su demanda sea maximalista: que se vayan todos lo antes posible”.
Crisis en Perú: Se resguarda familia de Castillo en embajada de México
México informó el martes que concedió asilo a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, que ya se encuentra en la sede diplomática del país en Lima, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
“Ya están en la embajada”, afirmó durante la conferencia matutina presidencial. “Ahora se está negociando el salvoconducto” para salir de Perú si así lo desean, agregó sin ofrecer más detalles sobre quiénes y cuántos eran los familiares acogidos.
Castillo está casado y tiene dos hijos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se manifestó la víspera a favor de que se realicen elecciones anticipadas en Perú para alcanzar una salida a la crisis que enfrenta el país y que ha dejado más de una veintena de muertos.
México ofreció desde el primer momento asilo a Castillo, actualmente detenido e investigado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Los comentarios del gobierno mexicano, que calificó la destitución de Castillo de “golpe blando” y lo sigue considerando presidente, tensaron las relaciones entre ambos países.
La cancillería de Perú anunció el 15 de diciembre que llamó a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Bolivia y Colombia por lo que consideró una “intromisión en los asuntos internos” de ese país.
Los cuatro países firmaron un comunicado conjunto en el que decían que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde que asumió el poder el año pasado y exhortaron al país andino a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
JFF