Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia se perfila a eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el País, con el argumento de que esa figura viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que la figura ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Conforme el proyecto que ya revisan los Ministros, la Corte dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quién se debe sujetar a prisión preventiva mientras se le juzga, sin importar el delito.
Con ello ya solo existiría la prisión preventiva justificada, en la cual la Fiscalía tiene que dar razones y pruebas para mantener al acusado en prisión.
El proyecto, elaborado por el Ministro Luis María Aguilar, sostiene que bajo las actuales reglas, no se trata de una medida cautelar sino de una pena anticipada.
Aguilar destaca que 92 mil 595 de las 226 mil 916 personas que estaban en prisión hasta junio pasado, es decir el 40.8 por ciento, no han sido sentenciadas, y que se incrementó en 14.6 por ciento el número de presos a partir de 2019, cuando empezó a crecer el catálogo de delitos de prisión forzosa.
‘Golpea a los más pobres’
Con ello, el País ha regresado al esquema de delitos graves que funcionaba en la década de los 90, pese a que en 2008 se instauró un sistema penal acusatorio que, en teoría, privilegia la presunción de inocencia y medidas alternativas a la prisión preventiva.
“La cifra de personas en prisión preventiva es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, afirma el proyecto.
“Más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias”, agrega.
Otro punto es que la amenaza de prisión forzosa es un incentivo para que los acusados se fuguen, no comparezcan al proceso y, de ser encarcelados, no tengan recursos para reparar el daño a las víctimas.
El proyecto también propone invalidar la reforma de noviembre de 2019 que estableció prisión preventiva forzosa para los delitos de emisión de facturas por servicios inexistentes, así como fraude fiscal y contrabando, por montos superiores a 8.7 millones de pesos.
Para justificar la gravedad de estos delitos, el Congreso los caracterizó como “amenaza a la seguridad nacional” y los incluyó en el régimen de la delincuencia organizada, lo que el proyecto rechaza.
Un escenario posible es que la Corte sí tenga los votos para invalidar la reforma sobre delitos fiscales, pero no para inaplicar el artículo 19 de la Constitución.
En octubre de 2021, cuando discutió por primera vez este caso, la Corte tuvo ocho votos por la invalidez en cuanto al fraude fiscal y desechó un proyecto del Ministro Fernando Franco, ya retirado, que avalaba la reforma. Las dos ministras que apoyaron ese proyecto siguen en el tribunal.
Delitos de prisión preventiva forzosa
- Quince conductas relacionadas con robo de hidrocarburos
- Cinco modalidades de posesión, portación o acopio de armas prohibidas
- Siete acciones en materia de desaparición forzada
- Cuatro delitos electorales relacionados con uso de recursos y programas públicos
- Cinco modalidades de delitos contra la salud
- Delincuencia organizada (régimen legal que incluye 26 delitos distintos)
- Delitos cometidos por medios violentos
- Secuestro
- Trata de personas
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Robo a casa habitación
- Abuso sexual a menores
- Ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos
- Robo a transporte de carga
- Enriquecimiento ilícito
- Fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos
- Contrabando por más de 8.7 millones de pesos
- Factureo
- Personas recluidas en prisión
Junio 2018: 197 mil 988
Junio 2022: 226 mil 916 (14.6% más)
Piden quitar a capo la prisión preventiva
Norma Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia, propuso a sus colegas conceder un amparo a Brandon Flores Ramírez, supuesto heredero del liderazgo del cártel La Unión Tepito, para inaplicar la regla de prisión preventiva forzosa y revisar si hay razones para mantenerlo recluido mientras es juzgado.
La ministra repartió un proyecto similar al que su colega Luis María Aguilar entregó unas horas antes, con la misma propuesta de inaplicar la prisión preventiva forzosa prevista en el artículo 19 de la Constitución, así como fallar contra el catálogo de delitos graves del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por tratarse de un amparo, la sentencia derivada del proyecto de Piña Hernández no tendría efectos generales, sino que sólo beneficiaría a los quejosos, pero basta el voto de seis de los 11 ministros para concederlo.
Con menos de ocho votos, el criterio de la Corte derivado de este amparo no sería obligatorio para todos los jueces del país.
El proyecto de Aguilar es una acción de inconstitucionalidad, que puede tener efectos generales, pero requiere ocho votos.
Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, incluyó hoy ambos asuntos en los lugares 16 y 17 de la lista de sesión del pleno de la Corte, por lo que serán discutidos en septiembre.
El amparo sería otorgado a Brandon Alexis Flores Ramírez, “El Junior”, hermano de Oscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, ex jefe de La Unión Tepito, y no implicaría su liberación, sino la celebración de una nueva audiencia ante el juez que lleva su caso, para revisar las medidas cautelares impuestas al acusado.
“El Junior” fue detenido con otra persona durante un cateo en la Colonia Guerrero, el 21 de mayo de 2020, en posesión de 1.5 millones de pesos en efectivo, una pistola SIG Sauer calibre 38, una carabina calibre 30 y 4.5 gramos de cocaína.
Ambos detenidos fueron enviados al Reclusorio Sur y están en prisión preventiva forzosa, por los delitos que se les imputan.
“Bajo ninguna circunstancia, esta determinación implica ordenar la libertad de los imputados.
“Si bien la gravedad de los delitos imputados puede ser un elemento para tenerse en cuenta al determinar la procedencia de las medidas cautelares, ésta no es, por sí misma, justificación suficiente para la imposición de la prisión preventiva; sin embargo, se reitera, debe considerarse por los tribunales como un elemento relevante”, indica el proyecto de la ministra.
El caso de “El Junior” sería el primero de muchos que, de ser aprobado alguno de los dos proyectos en la Corte, serían revisados para determinar si es correcto mantener en prisión preventiva a los acusados, al ser rechazada la aplicación oficiosa de esta medida.
Es previsible que la gran mayoría de narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes violentos seguirían en la cárcel, pero acusados por delitos no violentos tendrían una oportunidad de ser sometidos a medidas cautelares menos rigurosas.
Aprueban la mayoría castigar con cárcel
Un alto porcentaje de los mexicanos está de acuerdo con que todas las personas que son acusadas de un delito permanezcan en prisión mientras se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa.
De acuerdo con la encuesta Percepción de Impunidad 2022, ese porcentaje pasó de 39.6% en 2019 a 45.5% en 2021.
“Vale la pena destacar que persiste la percepción en la población de que la única forma de sanción ante un delito es la cárcel, a pesar de que los ejes rectores del sistema de justicia penal mexicano son la presunción de inocencia”, señala el documento difundido ayer.
La encuesta fue realizada por la organización Impunidad Cero para conocer la percepción de los mexicanos respecto de la efectividad en la investigación y sanción de los delitos.
La OSC, que preside Federico Reyes Heroles y dirige Catalina Kühne, señaló que la mayoría de los encuestados dijo estar de acuerdo con la afirmación de que todos los delitos se deben sancionar con cárcel.
“Durante el 2021, 80.2 % de las personas entrevistadas dijo estar totalmente o algo de acuerdo con esta aseveración y el porcentaje de personas que considera estar totalmente de acuerdo aumentó 5.7 puntos porcentuales de 2019 a 2021.
“Este dato es particularmente revelador y preocupante, ya que muestra que la población está a favor de un mayor punitivismo penal y además sugiere que no se han socializado lo suficiente las alternativas que ofrece el sistema de justicia penal de México ante un delito, mismas que pueden alcanzar la justicia para las víctimas y, más importante, la reparación del daño y la no repetición”. indicó.
Asimismo, la mayoría de los entrevistados considera que la impunidad se ha mantenido igual en los últimos tres años o, incluso, ha empeorado, según la encuesta.
Señala que 46.2 % de los ciudadanos considera que la impunidad se ha mantenido igual, 32.8% que ha aumentado y 18.1% que ha disminuido.
“El 12 % de los encuestados considera que la principal causa de la impunidad es que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 11% que los policías no detienen a los delincuentes, 10 % que los jueces son corruptos, 7 % que la principal causa es la falta de denuncia de los delitos y 57 % considera que las causas son todas las anteriores.
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