Ciudad de México.- Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la validez del triunfo de Américo Villarreal en la elección de la gubernatura de Tamaulipas.
El proyecto del magistrado José Luis Vargas también concluye que la reincorporación de Américo Viillarreal a su escaño del Senado no infringe ninguna norma, por lo que no existe impedimento para tomar protesta este sábado 1 de octubre.
En sesión pública, se aprobó el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría.
Los magistrados también acordaron ordenar al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos sobre las prohibiciones de los funcionarios durante estos eventos en procesos electorales.
Las y los magistrados determinaron que no se acreditó la violencia generalizada, ni intervención del crimen organizado como denunció el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que no hay elementos para anular la elección.
Sin embargo, sí se comprobó la vulneración a los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad a la contienda por parte de funcionarios federales y municipales, entre los que está el canciller Marcelo Ebrard.
Al justificar su proyecto, el magistrado explicó que Américo Villareal no estaba impedido por la ley para regresar a su escaño en el Senado, como lo hizo este martes.
Si en el caso del candidato electo se reincorporó como senador de la República, una vez concluida la jornada electoral, incluso de forma posterior a los cómputos distritales y estatales, resulta incuestionable que no infringió norma alguna y, por lo tanto, cumple con el requisito de elegibilidad”, explicó.
El magistrado recordó que hay una diferencia de 88 mil 583 votos respecto del segundo lugar, que ostenta la alianza del PRI, PAN y PRD, equivalente a un 6.3% de los sufragios.
Respecto a la presunta injerencia del crimen organizado, el magistrado puntualizó que no hay elementos para acreditar vínculos del candidato con diversos grupos criminales, aportación de recursos de origen ilícito, así como actos de violencia y presión al electorado en la jornada electoral y el día previo.
“Las notas aportadas no es posible formular una inferencia o deducción de que existan vínculos directos entre el candidato y grupos de la delincuencia, ya que estos se presentan como una suposición que deriva de que el candidato fungió como delegado de Morena en 2021 en el estado de Sinaloa, y que conoció a un empresario al que se le identificó como un líder delictivo dedicado al contrabando de hidrocarburos”, manifestó Vargas Valdez.
GT