México se convirtió en 2021 en el país con mayor número de activistas ambientales asesinados, al sumar 54, advierte un reporte de Global Witness. Le siguieron de lejos Colombia, con 33, Brasil, con 26, y Filipinas, con 19. Casi la mitad de los activistas asesinados en México eran indígenas.
Los ataques por conflictos de la tierra y la minería estuvieron concentraron en Oaxaca y Sonora.
El país, alerta el reporte, se ha convertido en en uno de los lugares más peligrosos para los defensores ambientales y sumó 154 activistas asesinados en una década, 131 de ellos entre 2017 y 2021.
Global Witness es una organización internacional fundada en 1993 con sede en Londres dedicada a documentar los vínculos entre recursos naturales, conflictos y corrupción. Publica desde 2012 un informe anual sobre ataques contra activistas ambientales en el mundo.
El reporte difundido anoche, detalla el caso de José Santos Isaac Chávez, opositor a un proyecto minero en Jalisco asesinado en 2021.
Dirigente indígena y abogado, era candidato a encabezar el Comisariado Ejidal de Ayotitlán.
“Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones. Lo encontraron muerto en su coche, que había sido conducido hacia un precipicio. Su cuerpo mostraba pruebas de tortura”, indica el reporte.
El informe advierte de una fuerte presión y ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en Peña Colorado y nadie ha sido llevado ante la justicia.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación ha desarrollado un interés en la minería ilegal. El grupo impone sus condiciones y violencia contra el comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano”. alerta.
Desaparición
Global Witness advierte también sobre las desapariciones forzadas de activistas ambientales, dirigidas, considera, a sembrar el temor entre familias y comunidades, y de las cuales indica haber documentado 19 en 2021.
Las desapariciones, sostiene, son perpetradas por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada.
Se refiere en particular al caso de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio yaqui en el sur de Sonora y al hallazgo de los restos de 6 personas en la zona en septiembre del mismo año.
El Gobierno de México, remarca, debe cumplir con sus obligaciones de investigar e impartir justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
HLL