Ciudad de México.- La decisión de la SEP de continuar con la aplicación del nuevo plan educativo piloto en 960 escuelas del país, pese a un fallo judicial que ordena suspenderlo, abre la posibilidad de un conflicto jurídico, advirtió Marco Fernández, integrante de México Evalúa.
El sello de la casa es no respetar las decisiones judiciales; incluso podemos estar en el preámbulo de un conflicto jurídico donde la SEP pretenda implementar el plan a pesar de que haya una suspensión del juez al respecto”, advirtió.
El pasado viernes, un juez federal ordenó frenar el nuevo modelo educativo, luego de que la asociación civil Educación con Rumbo promoviera un amparo contra la estrategia.
La dependencia no aclaró las dudas del juez sobre si capacitó a los docentes para impartir los nuevos contenidos o si hay libros de texto para aplicar el plan piloto que pretende implementar en el actual ciclo escolar.
Una cosa es la bravuconería jurídica y discursiva y otra cosa que es lo que tendría que ser el corazón de la preocupación, que es el contenido educativo bien realizado, con la capacitación adecuada y los recursos necesarios para que los maestros tuvieran claridad sobre qué es lo diferente qué van a enseñar”, agregó el también académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Los maestros, detalló, tendrían que tener clara la diferencia de lo que venían enseñando y los nuevos contenidos y cómo esa esa distinta manera de enseñar beneficia el aprendizaje de los estudiantes.
Consideró que el plan piloto va a estar “pésimamente realizado”, porque a días de su arranque, el próximo 31 de octubre, no ha habido capacitación de los docentes ni libros de texto.
Por su parte, Jeny Farías, directora de proyectos en Mexicanos Primero, coincidió en que la manera de responder de la SEP a las decisiones judiciales es no atendiéndolas y dándoles la vuelta.
Dijo que la respuesta de la SEP es que acudirá al recurso de queja para no atender a la suspensión y seguir adelante, cuando debería reflexionar que esta acción no es aislada y existen otros amparos respecto a la manera en que se implementan los planes.
El principal problema es que la SEP no está dando la información y ante esa incertidumbre es que las organizaciones civiles alzan la voz, piden explicaciones y se inconforman”, dijo.
Para la experta, la SEP está generando incertidumbre y en lugar de recurrir a la queja, debería explicar mejor qué quiere hacer.
No necesariamente está mal, pero no nos está diciendo cómo. El juez dice: ‘Voy a suspender porque este plan que se quiere implementar no sabemos si ya están los libros de texto actualizados; no sabemos si ya los maestros y maestras recibieron formación o cómo la van a recibir y no sabemos cómo se va a determinar si hay fallas o aciertos en esta implementación'”, agregó.
JRL
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