Ciudad de México.– Morena en la Cámara de Diputados propone que la prevención y atención de los ataques cibernéticos sean responsabilidad de la Secretaría Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y no de los militares.
Una vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió el peor hackeo en la historia a cargo del grupo Guacamaya, la fracción morenista busca remediar la falta de una legislación que regule la actuación de las autoridades en el uso del Internet y la investigación de los delitos cibernéticos.
Más preocupados por sancionar las “fake news” en las redes, el intento de Morena de una reforma constitucional para dar facultades al Congreso de legislar en ciberseguridad atoró el año pasado el proceso legislativo para llegar a una ley secundaria.
Ahora, se retomó el tema. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la morenista Juanita Guerra, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Ciberseguridad.
En la iniciativa se prevé que a la SSPC le corresponda ejercer las atribuciones en materia de ciberseguridad por sí o por conducto de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas y de la Policía Cibernética.
También le corresponderá coordinar el Centro de Comando y Control en Ciberseguridad, y elaborar sus lineamientos de trabajo.
Este Centro de Comando y Control en Ciberseguridad será la instancia específica para prevenir y atender posibles incidentes y ataques provocados por la actividad delictiva o maliciosa en el ciberespacio.
“La operación del Centro de Comando y Control en Ciberseguridad estará a cargo de profesionales especializados y calificados en materia de ciberseguridad y análisis de datos. Su perfil incluirá disciplinas como las matemáticas e ingenierías en telecomunicaciones o informática”, precisa la iniciativa.
Entre otras medidas, la iniciativa también propone la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos, adscrita a la FGR, con las facultades de investigar y perseguir delitos cibernéticos en el ámbito local, interviniendo en todas las etapas del procedimiento penal y realizando todas las actuaciones procesales aplicables.
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