Ciudad de México.- Atrapados entre el humo y las llamas, al menos 40 migrantes murieron y decenas tuvieron que ser hospitalizados en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.
La tragedia puso al descubierto la precaria situación del sistema de acogida de México y desató un intenso debate sobre el reparto de responsabilidades, desde los guardias que no abrieron las rejas hasta los niveles más altos del Gobierno. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, dijo que, aunque el Instituto Nacional de Migración (INM) depende de su cartera, él no tenía nada que ver con lo sucedido.
López citó un decreto de Andrés Manuel López Obrador de septiembre de 2019 para crear la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria y encargar la coordinación de la política migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Marcelo Ebrard.
Minutas, informes internos y participantes de las reuniones a los que tuvo acceso El País dan cuenta de que la Comisión apenas ha tenido ocho sesiones desde su formación y que no se ha reunido desde el 7 de abril de 2022, hace un año. López no ha estado presente en ninguna desde que llegó al cargo en agosto de 2021.
Tampoco Francisco Garduño, titular del INM desde hace casi cuatro años. Organizaciones civiles en materia migratoria, como Sin Fronteras IAP, han señalado que la comisión nunca funcionó realmente.
A mediados de 2019, la política migratoria de México dio un giro radical. López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 con la promesa de garantizar los derechos humanos de los migrantes y su tránsito seguro por el país.
Pero los esfuerzos de la nueva Administración se diluyeron menos de seis meses más tarde. Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, amenazó a finales de mayo con lanzar una guerra arancelaria si el Gobierno mexicano no endurecía el control migratorio y se convertía en el dique que contuviera los flujos desde Centroamérica.
Tras una semana de tensiones diplomáticas, Ebrard fue enviado a negociar con Washington y logró un acuerdo in extremis que apagó el conflicto comercial en la primera semana de junio. Ese mismo mes renunció el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, llegó Garduño y empezó el despliegue de más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país.
López Obrador publicó en septiembre de 2019 el decreto de creación de la comisión bajo el argumento de que era “imperante fortalecer la coordinación entre las dependencias” e “implementar las acciones inmediatas y necesarias para que el Gobierno de México responda de manera eficaz al incremento en el flujo migratorio”.
El órgano está presidido por la SRE e integrado por los titulares de otras siete Secretarías: Gobernación, Seguridad, Hacienda, Bienestar, Salud, Trabajo y Turismo.
También se sumaron otros ocho organismos gubernamentales como el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).
“Lo importante es la transformación, el que no caigamos en los mismos errores, que no hagamos lo que se hacía antes”, dijo el Presidente sobre el nuevo comité en una conferencia mañanera de ese mes. “Fue muy acertado el cambio en el Instituto de Migración”, agregó sobre Garduño, al que calificó como “un hombre responsable, dedicado y trabajador”.
La Comisión se formó el 25 de septiembre de 2019, una semana después de la publicación del decreto. Desde el inicio, sin embargo, el órgano estuvo marcado por sus ausencias. Ningún miembro del Gabinete acudió a la sesión inaugural, en la que se aprobaron sus lineamientos.
En la primera reunión, presidida por Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Hacienda se quejó de que le hicieron llegar dichos lineamientos la noche anterior y que no pudo revisarlos, se lee en las minutas. El propio INM se abstuvo de votarlos.
Entre las funciones de la Comisión están aprobar la estrategia de coordinación en materia migratoria, establecer las acciones prioritarias y de ejecución inmediata, evaluar sus avances, así como facilitar la comunicación interinstitucional y la firma de convenios de colaboración.
Evita confrontación
Un día después de la tragedia, Ebrard evitó engancharse ante las declaraciones de López. “Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, respondió el canciller, sin decir nombres.
Fuentes de la Cancillería recordaron que, según la Constitución y la Ley de Migración, la principal autoridad migratoria es Gobernación y que el decreto no releva a la Secretaría de esas responsabilidades. “La Comisión funge como una instancia coordinadora de los programas y acciones de las autoridades mexicanas con competencia en materia migratoria, pero de ninguna manera suple o asume las facultades principales de dichas autoridades”, aseguraron.
El titular de Exteriores lo dejó claro desde aquella mañanera en la que se anunció su creación en septiembre de 2019. “Mi única función es coordinar e informar”, dijo Ebrard.
El deslinde de Adán Augusto López contrasta con lo que se dijo en 2019. En la primera sesión, el subsecretario Ricardo Peralta, en representación de la entonces titular Olga Sánchez Cordero, “recordó que es la Secretaría de Gobernación, según la Ley de la Administración Pública Federal, la que encabeza la política migratoria del país y que tanto la Comisión como sus lineamientos son transitorios en función de la coyuntura migratoria vigente”, según los documentos.
En la SRE insisten en el carácter transitorio del acuerdo, aunque su vigencia se estableció hasta el 30 de noviembre de 2024, un día antes de que concluya este Gobierno.En medio de la polémica, la ahora senadora Sánchez Cordero negó que existiera un “acuerdo” para ceder las riendas de la política migratoria a la Cancillería, aunque matizó que hubo una “espléndida coordinación” entre ambas dependencias y el INM.
Ebrard se encontraba en la Asamblea General de Naciones Unidas durante la primera sesión de la Comisión, la secretaria de Gobernación no se apersonó tampoco y sus redes dan cuenta de que asistió al informe de labores del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. En la segunda reunión del 16 de octubre de 2019, sí estuvieron ambos y Sánchez Cordero “felicitó a la SRE por el esfuerzo invertido en la Comisión”, según la minuta.
En las tres sesiones que se han celebrado durante su gestión, las redes sociales y los comunicados de Gobernación revelan que Adán Augusto López estaba en Sonora en un acto del presidente (noviembre de 2021); en Tabasco en una reunión con gobernadores y López Obrador (diciembre de 2021), y promoviendo el referendo sobre revocación de mandato (abril de 2022). En la agenda siempre había otros compromisos.
Sandra Álvarez, directora de la organización civil dedicada a la atención de migrantes en México, Sin Fronteras IAP, ha asegurado que la comisión nunca ha funcionado operativamente y afirmó que, en su lugar, provocó un error de comunicación de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Hay una fragmentación de las actividades de la política migratoria y que realmente se está dejando a un lado las leyes donde están asentadas las responsabilidades de cada dependencia”, señaló en entrevista.
El País contactó también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración pero ninguna de las dependencias accedió a hablar.
El choque entre SRE y Segob
Las minutas de las reuniones de la coordinación de la comisión dan cuenta de las fricciones entre Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación desde entonces por el tema migratorio y que ahora se han acentuado por las aspiraciones de por medio de los dos secretarios.
En una reunión en septiembre de 2020, el representante de la Cancillería mexicana hizo una presentación sobre las recomendaciones internacionales que el Gobierno de México ha recibido en materia de migración, refugio y temas similares.
Frente a representantes de Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración señaló que de las tres mil 500 recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha recibido el Estado mexicano desde 1994 a la fecha, 418 son en temas relacionados con personas migrantes, refugiados y solicitudes de asilo.
Más de la mitad de esa cifra se habían presentado por organismos internacionales a México en los últimos siete años y la mayoría eran específicamente para el INM y la Segob. Desde esa llamada de atención, el número de recomendaciones ha aumentado un 40 %, pasando de 418 a 584, de acuerdo con el Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH).
Los documentos revelan cómo un esfuerzo transversal en el Gobierno para atender la crisis migratoria se diluyó en la lista de prioridades, desde la atención a la pandemia de COVID hasta los compromisos diarios de los secretarios que la integran.
Los titulares de Seguridad, Hacienda, Bienestar, Salud, Trabajo y Turismo enviaron a subsecretarios como suplentes, una facultad que les otorgaba el decreto de creación de la Comisión. Cuatro años más tarde, a la luz de la mayor tragedia que ha habido en una estación migratoria de México, las buenas intenciones envejecieron mal.
En la segunda mitad de 2019, por ejemplo, un hasta entonces poco conocido Hugo López-Gatell se hacía eco en la primera sesión de las palabras del presidente “en la idea de que no importa el cargo, sino el encargo” y “opinó que el éxito alcanzado en la gestión del fenómeno migratorio se debe al ánimo de trabajo en equipo que ha caracterizado a este Gobierno”, según las minutas.
Para la segunda sesión se comprometió a presentar un plan de atención sanitaria en personas migrantes, pero no pudo acudir por la comparecencia del secretario Jorge Alcocer en el Congreso. Lo hizo hasta la siguiente reunión, tres meses más tarde.
Comisión de papel y sin dinero
En la segunda reunión, Ebrard pidió a la Comar exponer su situación presupuestal. El coordinador del organismo, Andrés Ramírez, no se guardó nada. Dijo que en 2013 recibieron mil 296 solicitudes de refugio en comparación con las 54 mil 377 que ya tenían en octubre de 2019, más de 40 veces en seis años.
La Comar se quejó de que pidió 124 millones de pesos presupuesto para 2020, pero solo le aprobaron 27 millones. “El presupuesto no ha sido proporcional al aumento de solicitudes”, zanjó. La Comisión instruyó a Hacienda a dar más dinero, pero su representante dijo que el presupuesto ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y que sería complicado hacer un ajuste.
Se le insistió en la siguiente reunión del 18 de diciembre de 2019, pero Hacienda argumentó lo mismo y dijo que seguía revisando la petición. En contraste, el INM ha tenido un aumento en su presupuesto de 120 % desde 2019 a la fecha, de acuerdo con las cifras del presupuesto público analizadas por la organización Sin Fronteras IAP. Pero en varias reuniones, sus representantes no dijeron nada de esto. Simplemente se limitaron a decir que todos sus recursos los destinaban a atender a los migrantes.
Los trabajos de la comisión fueron divididos en cinco grupos, uno de los cuales está encargado de coordinar todas las acciones del órgano intersecretarial.
Desde la primera reunión, en diciembre de 2019, se enfrentó a la carencia de presupuesto. “Los participantes recordaron que el presupuesto 2020 prevé austeridad y recortes y no asignaciones”, se lee en la minuta.
En ese encuentro, los representantes de las 16 dependencias del gobierno que integran la comisión sopesaron la posibilidad de conseguir recursos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la dependencia creada por López Obrador para aprovechar los antiguos despilfarros gubernamentales y los tesoros decomisados al narcotráfico, y analizaron también que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), donara al INM, a la COMAR y al DIF inmuebles que pudieran servirles como estancias migratorias y albergues, y recursos para los migrantes y sus familias.
A lo largo de los siguientes meses, el INDAABIN puso a disposición de la comisión una lista con 170 inmuebles para que identificaran cuáles podrían servirles para ampliar los espacios para los migrantes que llegan a México.
En la necesidad de conseguir recursos para la comisión, la coordinación celebró que dos empresas hicieron a principios de 2020 donaciones para el mantenimiento de algunas de las 53 estaciones migratorias que hay en territorio mexicano. Sin embargo, la representante de Hacienda destacó lo que seguramente todos pensaban.
Aunque los donativos de empresas son útiles y tenían que ser aprovechados “no se debe perder de vista que las funciones cotidianas del gobierno y las acciones para cumplir con obligaciones gubernamentales deben contar con un presupuesto público”, señala la minuta del grupo de coordinación en su segunda reunión, en enero de 2020.
Los funcionarios también analizaron acudir al Fondo Fiduciario del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, bajo el liderazgo de la Red de Migración que coordina la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pero para ello tendrían que desarrollar proyectos y presentarlos al organismo del Sistema de Naciones Unidas. Hasta ahora eso no se ha hecho realidad.
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FRG