Ciudad de México.- El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México reprobó la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en declarar la información de las obras emblemas de su Gobierno como de seguridad nacional.
A través de un pronunciamiento firmado por el presidente de este colegio, Arturo Pueblita Fernández, y respaldado por organizaciones internacionales de abogados, pidió respeto a las decisiones de los jueces y tribunales porque, de lo contrario, se abriría camino a la imposición de “la ley del más fuerte”.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional 217/2022 en la que analizó la constitucionalidad del acuerdo, popularmente conocido como “decretazo” de López Obrador, para catalogar distintas obras y proyectos prioritarios como de interés público y de seguridad nacional.
Determinó, por mayoría calificada, la invalidez de esta declaratoria, al considerar que transgredía el derecho a saber e invadía la facultad del INAI para delimitar los alcances de la seguridad nacional y en interés público.
“Con sorpresa advertimos que en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Poder Ejecutivo decretó nuevamente como de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, entre otras actividades relacionadas con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; Chetumal y Tulum, Quintana Roo; contraviniendo, en un nuevo decreto, lo resuelto por la Suprema Corte”, expuso el Colegio.
“Condenamos cualquier acto que desconozca, ignore o vulnere la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello vulnera el equilibrio constitucional. La reforma constitucional en materia judicial del 11 de marzo de 2021 y específicamente el párrafo 12 del artículo 94, ordenó expresamente reconocer la obligatoriedad de las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas en el Pleno de la Suprema Corte“.
El Colegio llamó al Poder Ejecutivo a cumplir con su obligación de hacer guardar la Constitución, como recordaron, se lo impone el artículo 87 de la Constitución, al alertar que, de lo contrario, se estaría propiciando la arbitrariedad.
“Es nuestro deber denunciar el grave riesgo que se corre al evadir el cumplimiento de las decisiones de los tribunales. La paz y tranquilidad de la ciudadanía recae en el respeto a nuestra Constitución. El trabajo de las y los jueces nos permite vivir tranquilos, seguros frente al poderoso y protegidos de la ley del más fuerte”, manifestó.
“El desconocimiento de las decisiones judiciales abre el camino a la arbitrariedad, a la violencia y a la justicia por propia mano. Nada más alejado del México que necesitamos y debemos procurar para nuestras familias”, añadió.
La misiva del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es respaldada por la Unión Internacionale des Avocats (UIA) París; la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) de Madrid; el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM); el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) de San José y la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados (AIJA) de Bruselas.
JFF