Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no hay ningún impedimento para que no se distribuyan los nuevos libros de texto gratuitos que han sido cuestionados por no ser sometidos a consultas luego de un amparo que ganaron padres de familia.
Apenas el lunes, un juez reiteró una suspensión definitiva que, desde mayo, ordenó a la SEP someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y otros requisitos legales, por lo que dio un ultimátum de 24 horas que concluyen este martes.
Sin embargo, en la mañanera de este martes, desde Palacio Nacional, así como lo dijo el pasado viernes, López Obrador descartó cumplir con la ley.
“No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el inicio a clases el día 28 de agosto, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio, amparo, que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso”, aseveró.
“Está planteando que no se instruye a las escuelas a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio”, agregó.
¿Qué ordenó una juez ante amparo de padres de familia?
La Jueza Yadira Mena resolvió desde el 29 de junio que existía desacato a la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria, ciclo 2023-2024.
Los funcionarios respondieron que a ellos no les tocaba imprimirlos ni distribuirlos, sino que eran funciones de la Conaliteg, dependencia que también dijo estar “imposibilitada” para cumplir la suspensión.
A pesar de los amparos, los libros de texto gratuitos ya comenzaron a distribuirse a los estados, aunque en Guanajuato comenzaron a ser embodegados nuevamente ante el amparo que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Sin embargo, a pesar del desacato de la SEP y otros funcionarios, la jueza lo único que puede hacer es imponer multas y denunciar el caso ante la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, que es designado por el Presidente.