A menos de 50 días de terminar su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para regular el financiamiento a organizaciones no gubernamentales.

En su opinión, no se debería usar dinero público para financiar proyectos que critican a gobiernos legítimamente constituidos, además de que son fondos deducibles de impuestos.

A solicitud del Mandatario, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que la organización MCCI, fundada por el empresario Claudio X. González, ha obtenido 96 millones de pesos del Gobierno de Estados Unidos, y 299 millones de pesos fundaciones, empresas y particulares.

En respuesta, Jene Thomas, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que estos financiamientos son esenciales para la democracia, pues permiten el fortalecimiento de ideas y políticas que cambian a las sociedades.

“Es parte de lo que hace USAID, el fortalecimiento a la sociedad civil,  asegurar que sus proyectos no sólo sean exitosos desde una perspectiva técnica, sino un modelo para los demás”, defendió Thomas, integrante de la agencia independiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Acusa MCCI hostigamiento

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de hostigamiento y difamación, así como de violar el derecho a la protección de datos personales, por difundir información de proveedores, donante y personal que ahí labora.

La agrupación respondió a las acusaciones lanzadas ayer por la mañana por el Mandatario y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, sobre el origen de su financiamiento y el destino de su gasto.

“Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de MCCI, el Presidente ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. MCCI ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas”, aseguró.

“Estos ataques son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución”.

Sobre las declaraciones de Gómez, advirtió que divulgar información fiscal de los contribuyentes no solo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades hacendarias tienen la obligación de guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes.

“Revelar la información de nuestra organización busca amedrentar a todas las personas que donan, colaboran o trabajan en MCCI”, señaló.

La organización sostuvo que es falso que no transparente sus finanzas, ya que, como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Detalló que la declaración incluye el detalle de los asociados, cuerpo de gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos.

“Adicionalmente, mes con mes hemos obtenido nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo hemos hecho desde 2016 y nunca hemos recibido observación alguna, aún cuando la Administración anterior y la actual han sometido nuestras finanzas a un estándar de escrutinio que ni siquiera se cumple en la información pública del Gobierno”, sostuvo.

La agrupación advirtió que, contrario a lo que asegura el Presidente de la República, el trabajo de MCCI ha estado “apegado a su objeto social”.

“De ello dan cuenta más de 1,200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro País. También ha cumplido con el objetivo de proponer alternativas de solución a estos dos problemas y de fomentar el Estado de derecho”, agregó.

Con respecto a las acusaciones de recibir depósitos millonarios del Gobierno de Estados Unidos, MCCI explicó que, desde el 2016, cuenta con la autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros en apego a la ley.

“MCCI no sirve a intereses de particulares ni a gobiernos extranjeros. Nuestros programas de investigación se deciden sin mediación externa alguna entre nuestro cuerpo directivo. Nunca ha recibido recursos públicos porque sus estatutos lo prohíben”, aseveró.

Advirtió que el financiamiento de la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID) concluyó en 2023 y ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de la organización.

HLL