Cuando escuchamos que una turba quiere impedir el paso a los diputados de oposición para evitar que voten en contra de la ley eléctrica, no podíamos creerlo. Los diputados del PRI, PAN y PRD resolvieron mudarse a San Lázaro y pernoctar ahí, en la sede del Congreso. Luego, antier por la noche, los de Morena cambiaron la fecha de votación para el Domingo de Resurrección.
Impedir, por la fuerza, que un representante popular vote, es vivir en una dictadura. Ni siquiera en los peores tiempos de la hegemonía priista lo vimos. Ahora la oposición se instalará en San Lázaro desde el sábado, aunque las turbas de Morena pueden atajar su ingreso desde el Viernes Santo.
En el fondo hay una rebelión interna dirigida desde Palacio para debilitar las instituciones democráticas. Fuimos testigos de los ataques al INE y a sus consejeros; vimos cómo el mismo secretario de Gobernación burlaba la ley haciendo campaña, acompañado del general Luis Rodríguez Bucio, de la Guardia Nacional. Sin pudor alguno en la CDMX y en los estados gobernados por morenistas, usaron fondos públicos para promover la votación a favor del presidente. También fuimos testigos de la actuación inconstitucional de 4 ministros de la Suprema Corte cuando protegieron la ley Bartlett que va en contra del espíritu de la legislación establecida por el Congreso en 2013 y aún no derogada o cambiada.
¿Hasta dónde llegarán?
Poner el límite a la sinrazón, al rompimiento de las leyes y las instituciones, puede venir desde fuera. Muchos funcionarios norteamericanos visitaron Palacio Nacional para advertir los problemas que suscitará un cambio arbitrario a los contratos establecidos en la producción eléctrica. Daño al medio ambiente, pérdida de inversiones y desempleo sería el fruto de regresar al pasado estatista.
En Palacio no escuchan y las consecuencias las pagaremos todos los mexicanos. Tomemos el caso del tortuguismo iniciado por las autoridades texanas en la frontera para obstaculizar el paso a las exportaciones mexicanas. Desde hace unos días hacen esperar a los conductores de trailers hasta 30 horas para cruzar a los Estados Unidos. Estiman que las pérdidas superan los 8 millones de dólares diarios. Todo porque Greg Abbott, el gobernador republicano, no quiere más migrantes.
Imaginemos que los de Morena bloquean por la fuerza el voto de la oposición. El escándalo sería mundial y Estados Unidos, enfadado por tanta sordera y chicanadas del Gobierno mexicano, decide tomar medidas en venganza. Joe Biden, quien no debe estar muy contento ni de buen humor por la guerra en Ucrania, puede cerrar la llave del gas al país. En tres días las plantas termoeléctricas de la CFE dejarían de funcionar.
Habría apagones todos los días, la industria dejaría de producir, el peso se devaluaría (algo que odia López Obrador) y la economía entraría en picada. También podrían poner un impuesto a la gasolina que importamos, todo bajo el pretexto de bajar el precio en sus estaciones. Ni siquiera los mejores oficios de Marcelo Ebrard cambiarían las cosas. El éxito de las exportaciones también podría descarrilarse con aranceles, más tortuguismo y un mal ambiente por la neutralidad absurda de no apoyar la causa de Ucrania.
México no es el país de 1938 cuando nacionalizamos el petróleo, ni siquiera el de los años 60, cuando se estatizó la producción eléctrica. Somos el principal exportador a los Estados Unidos y vivimos de sus mercados con todo lo que nos compran. Morena cavaría su propia tumba.