“No podemos y no debemos detener la migración de la gente. Debemos darle una mejor vida en casa”.
William L. Swing
Cuando menos 27 de los 53 muertos, más de la mitad, en el tráiler de San Antonio eran mexicanos. El dato es significativo. Durante décadas México fue el lugar de origen de la enorme mayoría de los migrantes ilegales que cruzaban la frontera, pero en los primeros años del siglo XXI hubo un descenso profundo en los cruces de mexicanos mientras que subían los de ciudadanos de otros países, especialmente centroamericanos. Durante algunos años, incluso, fueron más los mexicanos que regresaban a nuestro país que los que se iban a la Unión Americana.
A partir de 2018, sin embargo, el número de mexicanos que cruza ilegalmente la frontera ha vuelto a crecer de manera rápida e importante. En 2015 fueron aprehendidos por la Patrulla Fronteriza 188,122 mexicanos; en 2020, a pesar de la pandemia, el número llegó a 254,647. En 2021 el 58.8% de los “encuentros” (aprehensiones y expulsiones) con migrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos involucraron a mexicanos. Los fallecidos en el tráiler serían una muestra representativa de la nueva composición nacional de quienes hoy están arriesgando su vida para cruzar la frontera.
El presidente López Obrador sostiene que los países centroamericanos deberían aplicar los programas sociales de México, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para evitar la emigración ilegal. La realidad, sin embargo, es otra. Quizá los programas sociales sean un paliativo para los pobres, pero no construyen prosperidad ni evitan la emigración. La prueba está en el aumento de mexicanos que están cruzando la frontera de manera ilegal.
No descarto que los programas sociales tengan beneficios; hay que evaluarlos mejor para ver si realmente están cumpliendo con su función. Lo que no están haciendo es disminuir la pobreza ni la emigración. No es la caridad, sino los empleos, lo que arraiga a la gente a su tierra.
En México, sin embargo, parecería que estamos haciendo todo lo posible para evitar la inversión productiva y la generación de empleos. El gobierno canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y una planta cervecera en Mexicali que ya estaban muy avanzados, ha negado permiso a nuevas inversiones privadas en petróleo o electricidad, ha establecido nuevos requisitos burocráticos para la creación y operación de empresas. La inversión productiva ha bajado de manera importante, lo cual se manifiesta especialmente en la construcción. Si bien el régimen está haciendo fuertes inversiones en algunos proyectos de relumbrón, como el Tren Maya o Dos Bocas, no parece que vayan a ser rentables y a generar una actividad económica sostenida.
Ante la falta de buenos empleos en México, los migrantes seguirán buscando oportunidades en Estados Unidos. Los programas de asistencia no inciden en las decisiones. Un par de miles de pesos al mes de caridad no permiten construir una vida digna como la que los migrantes buscan al norte de la frontera.
A nuestro presidente le gusta pontificar. Ha insistido que la adopción de sus programas sociales por los países centroamericanos permitiría evitar la migración ilegal. También responsabiliza de este problema al Congreso de Estados Unidos, por no haber aprobado un paquete de ayuda de miles de millones de dólares a Centroamérica, y al gobierno de Joe Biden, por no haber hecho cambios en las políticas migratorias. Cierra los ojos, no obstante, ante sus propias fallas. La verdad es que sus programas sociales no solo no han resuelto el problema, sino que han coincidido con un repunte en la emigración ilegal de los mexicanos.
Opacidad
La refinería de Dos Bocas se va a inaugurar este 1o de julio, pero el IMCO advierte que no conocemos siquiera la capacidad de producción inicial. “Su construcción se ha caracterizado por opacidad y sobrecostos”.
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