Venustiano Carranza llegó a la presidencia en 1917 y nos heredó el verbo “carrancear”, sinónimo de robar. Durante el siglo transcurrido, la prensa independiente ha señalado la corrupción de algunos presidentes, jamás investigada. Y mucho menos castigada. Con la denuncia contra Enrique Peña Nieto, ¿agoniza el pacto de impunidad o solo es un pestañazo distractor?
La corrupción e impunidad de expresidentes está bien documentada. El general Gonzalo N. Santos cuenta que al presidente Abelardo L. Rodríguez le gustaba la pizca del presupuesto y se blindaba dándole su tajada al Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles. Décadas después, Carmen Aristegui grabó a Miguel de la Madrid dando por buena la afirmación de Luis Téllez de que Carlos Salinas “se robó la mitad de la partida secreta”. Vicente Fox vociferaba que expulsaría a las alimañas del priismo corrupto, pero terminó protegiendo a sus predecesores.
Con estos antecedentes es normal el alboroto causado por el anuncio mañanero de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó los negocios de Enrique Peña Nieto y sus allegados, pero por primera vez hubo más con lo encontrado… ¡Denunciaron ante la Fiscalía General de la República! Como pilón, reveló el diario Reforma, están investigando a otros expresidentes.
Tanto alboroto proviene de que en los cuatro años que lleva la 4T, surgieron suficientes indicios del entendimiento entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para dispensarse las cortesías habituales. El mexiquense alfombró el camino del tabasqueño quien, llegado el momento, se hizo el desentendido sobre el saqueo. El sacudimiento ya provocó deslindes y ofreció matices.
Pablo Gómez, el actual titular de la UIF, aseguró en la mañanera que se investigaba a EPN desde 2021; su antecesor, Santiago Nieto, se cubrió los flancos informando que él investigó a Peña Nieto desde 2019 –es decir, antes de la consulta sobre el tema— y que informó a “diversas autoridades competentes” que dejaron en el anonimato lo que había encontrado; es inevitable suponer que entre esas autoridades está el actual presidente. Peña Nieto reaccionó ungiéndose en pureza y expresando su confianza “en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
¿Por qué se rompió el entendimiento entre EPN y AMLO? El actual presidente pasó a la ofensiva por una mezcla de principios, pragmatismo y oportunismo. AMLO es una persona honesta que quiere renovar sus credenciales de reformador manchadas por la inflación, por la corrupción de una parte de su familia y colaboradores, por los magros resultados de su estrategia de seguridad y porque quiere que su partido gobierne el Estado de México a partir de 2023.
El PRI también agrietó el entendimiento cuando su actual presidente, Alejandro Moreno, votó contra la reforma eléctrica después de haberle dado el sí a AMLO. También influyó que Peña Nieto regresara al ruedo político mexiquense olvidándose de que su opulento estilo de vida en España requiere de millonarias transferencias bancarias, fácilmente detectadas cuando hay voluntad política.
El desenlace es incierto, pero hay una lección clara: hay una historia compartida, un hilo claro que empieza con Carranza y llega hasta López Obrador. Javier Garciadiego Dantán, historiador de El Colegio de México me explica en conversación telefónica que el verbo “carrancear” se refería a todo el grupo que rodeaba al entonces presidente. El monto de lo “carranceado” era pequeño porque había muy poco dinero en las arcas públicas y participaban, sobre todo, oficiales del ejército. En suma, con Carranza se consolida en México una corrupción oficial sistémica cuyos montos dependen del tamaño de la economía y de los ingresos gubernamentales. El pacto de impunidad la protege de la indignación social.
Este marco explica por qué se intercalan los presidentes “codiciosos” (Miguel Alemán, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto) con los “honestos” que toleran una corrupción “razonable” entre los suyos (Adolfo Ruiz Cortines, Miguel de la Madrid, Andrés Manuel López Obrador). Tenemos la oportunidad de romper ese ciclo perverso, lo cual depende del fiscal Alejandro Gertz Manero y, por supuesto, del presidente. Esta semana quedémonos con la buena nueva. Por primera vez en un siglo, el ministerio público investigará la posible corrupción de un expresidente. ¡Ya era hora!
@sergioaguayo