“Tenemos que regresar a una política de buena fe”. 

Tony Blair

La política es el arte de conciliar diferencias. Todos tenemos pensamientos distintos, sueños diferentes, maneras diversas de imaginar y tratar de construir un futuro mejor. Por eso, para no tener que dirimir estas diferencias por medio de la violencia, el ser humano inventó la política, que es una forma de lograr acuerdos para permitir la toma de decisiones conjuntas que incidan sobre la vida pública. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en 2018 después de una larga lucha desde la oposición, durante la cual se quejó constantemente de haber sido silenciado por los gobiernos en turno, ha adoptado una política de mantener sus posiciones, aun en contra de la ley, mientras descalifica cualquier posición que las contradiga. 

Si bien el mandatario se promueve a sí mismo como un gobernante tolerante y humanista, en verdad ha exhibido una intolerancia sorprendente. Nos hemos acostumbrado a escuchar sus diatribas diarias contra cualquiera que defienda opiniones distintas a las suyas. Quien tiene posiciones diferentes es conservador, neoliberal, corrupto o traidor a la patria. 

Muchos presidentes se han enfrentado a resistencias profundas a las reformas que quieren hacer cuando llegan al poder. Esto ha sido particularmente cierto desde 1997, cuando el partido en el ejecutivo dejó de tener mayoría absoluta en el Congreso. Para hacer reformas, el presidente y sus operadores tenían que negociar con los partidos de oposición. Si bien esto sorprendió en un principio, era en realidad una normalización de la política en nuestro país. En todo el mundo lo común es que el gobierno negocie con la oposición. 

El presidente López Obrador, sin embargo, tuvo una oportunidad que no habían tenido sus predecesores. Desde el primer momento gozó de una mayoría absoluta en el Congreso y no estuvo lejos, de hecho, de la mayoría calificada. El presidente supo negociar en un principio con la oposición, lo que le permitió lograr ciertas reformas constitucionales. Un caso en cuestión es el que permitió la creación de la Guardia Nacional, aunque como parte de un acuerdo con la oposición que exigió que la corporación mantuviera un mando civil. El presidente López Obrador aceptó el acuerdo, lo cual no sorprendió porque en la oposición él y sus allegados siempre se opusieron a la militarización de la policía federal. Ahora parece haberlo olvidado y arremete con descalificaciones contra quienes defienden el mando civil de esta corporación policial. 

El Presidente tiene derecho a cambiar de opinión. Todos los presidentes que hemos tenido en las últimas décadas han llegado a la conclusión de que los líderes militares deben hacerse cargo de la policía federal. Lo que no puede hacer es descalificar las posiciones de quienes hoy defienden lo que él antes proponía y considerarla como una posición corrupta y conservadora. Sería esto tanto como decir que él, Manuel Bartlett, Mario Delgado, Epigmenio Ibarra, Jesús Ramírez Cuevas y tantos más eran corruptos y conservadores por rechazar la militarización antes del inicio de este gobierno. 

No dudo que el presidente tenga argumentos para defender sus posiciones. Debería dedicar algo del mucho tiempo de su programa matutino de televisión a exponerlas. Lo que no es aceptable es que siga descalificando a quien piensa diferente. Si el presidente insiste en que es tolerante, quizá debería empezar por ofrecer tolerancia a quienes tienen puntos de vista distintos a los suyos.

Controles

El presidente López Obrador, que se oponía a los controles de precios, ahora los ha establecido al transporte ferroviario. El decreto dice que es solo por seis meses, pero también se establecieron controles de precios al gas por seis meses, solo para después hacerlos permanentes. Los controles de precios siempre generan distorsiones económicas y perjudican a la sociedad. 

 

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