“Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”.
Omar García Harfuch
A Jesús Murillo Karam se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. Se le decretó “prisión preventiva justificada”, por lo que se le ha empezado a castigar con cárcel antes de ser juzgado. La audiencia de vinculación a proceso apenas tendrá lugar este 24 de agosto. “Se derrotó la presunción de inocencia”, comentó Murillo, lo cual provocó el enojo del juez.
Podemos suponer que este miércoles la Fiscalía General presentará pruebas para mostrar que Murillo ordenó o permitió las torturas que supuestamente se aplicaron a los detenidos del caso Iguala. La tortura es un delito y, si realmente se cometió, los responsables deben ser castigados. El que un agente torture, sin embargo, no significa necesariamente que sus superiores estén enterados o lo hayan ordenado. Esto habrá que probarlo.
Acusar al ex procurador de “desaparición forzada” equivale a decir que participó en el secuestro de los normalistas o lo ordenó. Esto no solo es inverosímil, sino que hasta la fecha no hemos visto ya no digamos pruebas sino siquiera indicios.
La acusación por delitos contra la administración de justicia parece derivar de la llamada “verdad histórica” que presentó para explicar lo ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que la verdad histórica fue “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”. Los “enlaces operativos para desarrollar la investigación” incluyeron, entre otros, al almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Marina, al almirante Eduardo Redondeo Aramburu, jefe de la Unidad de Inteligencia, y a Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal en Guerrero y hoy secretario de seguridad de la Ciudad de México.
El informe dice que la verdad histórica “fue adoptada durante una de las reuniones del gabinete realizada en la Oficina del Presidente de la República. En esta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento en los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia”. No señala cuándo se realizó la reunión ni quiénes asistieron, pero la Fiscalía sí dice que uno de los participantes fue García Harfuch, a lo que este respondió en Twitter: “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica'”.
Una “verdad histórica” no es más que una hipótesis que se somete a un juez para dar sentido a las pruebas de un caso. El informe de la Comisión para la Verdad busca reducir la de Murillo a la quema de los 43 normalistas en el basurero de Cocula. Sin embargo, la tesis fundamental es que los estudiantes fueron ejecutados por miembros de Guerreros Unidos, lo cual confirma el nuevo informe. Este dice también que varios de los estudiantes iban a ser “cocinados”, pero que solo algunos lo fueron.
El informe y las órdenes de aprehensión tienen una aparente motivación política. Si los cargos fuesen simplemente por tortura, quizá tendrían sentido; pero acusar a Murillo de desaparición forzada no tiene ni pies ni cabeza; y procesarlo por haber presentado una versión de los hechos que coincide en lo fundamental con la que sigue sosteniendo la Fiscalía, es perverso.
Infiltrado
La Comisión señala que uno de los 43 desaparecidos era un soldado infiltrado, Julio César López Patolzin. La información no es nueva, pero no hace al Ejército cómplice del secuestro y ejecución de los normalistas por Guerreros Unidos.
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