“Hay dos igualadores en la vida: el internet y la educación”.
John T. Chambers
Llevar el internet a las comunidades más aisladas es un propósito loable. Contrasta con otros esfuerzos del gobierno que resultan financieramente inviables y socialmente improductivos. El internet para todos, en cambio, puede ser transformador: “El internet va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo, sobre todo, para las nuevas generaciones”, ha dicho el presidente López Obrador.
Pero hay que hacerlo bien. Preocupa que el proyecto se le esté encargando a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa que pierde dinero y que no ha cumplido con su obligación de invertir lo suficiente en su crucial y rentable negocio de transmisión de electricidad, sobre el cual tiene un monopolio legal.
El aislamiento de miles de comunidades indígenas representa un reto enorme para el internet para todos. Sin embargo, tiene más sentido ampliar lo que ya existe que empezar de cero con una empresa sin experiencia. No es lo mismo usar las líneas ya existentes de electricidad para transportar señales mayoristas que instalar y operar miles de nuevas antenas de telecomunicación.
La empresa Altán Redes, impulsada por el gobierno y que tuvo que ser rescatada por el gobierno, trató de construir una nueva red troncal alterna y fracasó. Ahora se le quiere dar esta responsabilidad a la CFE, pero con la tarea también de dar internet al consumidor final. No conocemos ningún estudio de factibilidad ni un análisis de costo-beneficio. El gobierno está empezando otro proyecto sin analizarlo a fondo.
El Banco Mundial reporta que el 60 por ciento de la población del mundo tiene acceso a internet. En México la cifra es de 72 por ciento. Los países desarrollados registran niveles superiores al 90 por ciento. Nosotros estamos atrás no solo de los países ricos, sino también de los de Latinoamérica con un desarrollo similar al nuestro, como Chile, con 88 por ciento, Argentina y Uruguay, con 86, Brasil, con 81. Incluso Costa Rica tiene 81 por ciento. Es clara la necesidad de ampliar el acceso.
Los países que han logrado un servicio más extenso y de mejor calidad lo han hecho con empresas privadas en competencia. Los gobiernos pueden apoyar, pero la mayor ayuda es no estorbar: no crear barreras artificiales al ingreso al mercado, ni a la instalación de antenas.
La CFE debería concentrarse en su red de transmisión de electricidad. Sus cables se pueden usar como redes mayoristas de telecomunicaciones, pero permitirle distribuir internet al consumidor final es cuestionable e ilegal. Para empezar, la Comisión no tiene experiencia en la llamada última milla. Su servicio, por otra parte, sería competencia desleal por servirse de bienes propiedad de la nación que otros concesionarios tienen que pagar. Además, el artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que cuando se entregue una concesión a un ente público será en una “red compartida mayorista de servicios de telecomunicaciones. En ningún caso podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales”. Para dar servicio al consumidor final en una zona sin concesionario, el gobierno debe ofrecerlo a través de Telecomunicaciones de México, “hasta en tanto exista otra oferta para los usuarios”.
Aplaudo la propuesta de llevar el internet a las comunidades más aisladas, pero estas decisiones no deben tomarse por simples ocurrencias: hay que revisar la experiencia de los especialistas y lo que dice la ley.
Proponer leyes
La función de los secretarios de gobernación no es liberar a presos que digan que han sido torturados, como los homicidas de los normalistas de Ayotzinapa. Los jueces tienen obligación de cumplir la ley. Pero el presidente sí puede proponer leyes que permitan liberar a quienes están injustamente detenidos, como las víctimas de la prisión preventiva oficiosa.
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