“Quédate con los honores, presidente, que cuando termine tu mandato yo me quedaré con la impunidad”.

Carlos Monsiváis

Está tan empeñado el presidente López Obrador en defender la regresiva prisión preventiva oficiosa que este 2 de septiembre arremetió contra los ministros de la Suprema Corte que él designó: “Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”. Debían obedecerlo, al parecer, solo porque los nombró. 

AMLO y sus funcionarios están presionando a los ministros. Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, afirmó el 2 de septiembre que la prisión preventiva oficiosa “es un tema que puede repercutir en la impunidad” porque permite “la llamada ‘puerta giratoria’ donde el presunto criminal sale en libertad. y vuelve a delinquir. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas. hoy están sujetos a prisión preventiva por delitos graves”. Quiso también “exhibir” “algunas decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y en la inseguridad”, como la de Rafael Caro Quintero, pero olvidó aclarar que no eran casos de prisión preventiva. 

Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de Presidencia, criticó al ex ministro José Ramón Cossío, a quien llamó magistrado, supongo que por ignorancia, y a la respetada jurista Ana Laura Magaloni, que el propio Presidente incluyó en una de sus ternas para la Corte. Afirmó que “la figura de la prisión preventiva se incorporó a la Constitución en el 2008”. Falso. Apenas unos minutos antes el subsecretario Mejía había señalado, correctamente, que “la prisión preventiva ha sido una figura establecida en nuestra Constitución desde el Constituyente originario de 1917”. En la reforma de 2008 se introdujo el sistema penal acusatorio, pero el número de delitos con prisión preventiva oficiosa se redujo; pero el actual gobierno lo ha vuelto a aumentar. 

Ramírez confundió más al meter en su perorata el caso de Acteal de 1997. Dijo que un grupo de juristas del CIDE encabezado por Magaloni (en realidad fueron Javier Angulo y José Antonio Caballero, entre otros) “lanzaron una campaña para la liberación de los asesinos de Acteal, asesinos confesos y que las víctimas, los sobrevivientes, habían señalado como los victimarios. José Ramón Cossío, que hoy ha litigado contra la figura de la prisión preventiva, entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate”. 

Quizá Ramírez no sabe que los acusados de Acteal no estaban en prisión preventiva. Setenta y nueve indígenas fueron sentenciados, la mayoría simplemente porque los sobrevivientes los acusaron, ya que pertenecían a grupos rivales, pero muchos ni siquiera se encontraban cerca del lugar de los hechos. En agosto de 2009 la Suprema Corte liberó a 20, no porque estuvieran en prisión preventiva, sino porque habían sido sentenciados con pruebas falsas. Otros 15 salieron en libertad en octubre. Para el 2 de febrero de 2012, 51 habían sido liberados por tener sentencias con pruebas fabricadas y 15 por haber compurgado tres cuartas partes de su condena. 

Para un gobierno autoritario es natural encarcelar a alguien que no ha sido juzgado. En un régimen de derecho, sin embargo, nadie debe ser privado de la libertad sin haber sido juzgado, a menos que, siendo acusado con pruebas, represente un claro peligro para la sociedad. 

Militarización

La mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó al vapor la iniciativa presidencial que militariza la Guardia Nacional. Es inconstitucional, pero poco importa al gobierno o a sus legisladores. 

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