“La militarización no baja los niveles de violencia, los aumenta”.
Manuel Bartlett, 2017
La militarización no es garantía de éxito ni de fracaso de la Guardia Nacional. Los años que hemos vivido la militarización de la seguridad pública, que es por lo menos desde la década de 1980, han sido de creciente violencia y delincuencia. La discusión que hoy estamos viendo sobre la Guardia Nacional refleja simples posiciones políticas, no se enfoca realmente a las causas o las posibles soluciones de la violencia o la delincuencia. Por eso los partidos han intercambiado sus posiciones: quienes respaldaban la militarización hoy la rechazan, quienes la repudiaban hoy la apoyan.
El Senado está a punto de votar sobre la iniciativa de reforma constitucional que ampliaría a 2028 el periodo en que “el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”. Morena y el PT, que votaron contra la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, afirmando que representaba una inaceptable militarización de la Policía Federal, hoy respaldan la iniciativa, mientras que el PRI y Acción Nacional, que apoyaron la legislación de 2017, rechazan la actual. La Ley de Seguridad Interior fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2018.
Yo estoy convencido de que la Guardia Nacional debe ser civil, pero entiendo que esto no incide realmente sobre su eficacia. Tan es falso decir que las fuerzas armadas generan más violencia, como aseveró Manuel Bartlett en 2017, como argumentar hoy que solo una Guardia Nacional manejada por la Secretaría de la Defensa garantiza seguridad y respeto a los derechos humanos.
La Guardia Nacional tiene actualmente 114 mil elementos, muchos más que los 37 mil de la Policía Federal y los 5 mil de la Gendarmería al final del sexenio pasado. No se han registrado, sin embargo, mejoras significativas en la seguridad pública desde que empezó a actuar, aun cuando hay que reconocer que se fundó apenas en marzo de 2019.
Lo importante en este momento no es la adscripción o el mando de la Guardia Nacional, sino si cumple o no con sus responsabilidades. Los cambios constantes de estructura, con la creación primero de la Policía Federal Preventiva, luego de la Policía Federal, más tarde de la Gendarmería y ahora de la Guardia Nacional, han tenido consecuencias negativas porque no han permitido que las corporaciones se estabilicen y acumulen experiencia. El que los nuevos mandos hayan llegado a despedir a quienes estaban anteriormente es también contraproducente.
La clave de la acción policial en los países que han alcanzado buenos niveles de seguridad, sin embargo, no son las policías federales o nacionales, sino las locales. Recordemos que la mayoría de los delitos son del fuero común y no del federal. No obstante, nuestros gobiernos federales no les han prestado la atención suficiente porque no las controlan. En 2020, según el INEGI, había 225,544 policías adscritos a instituciones de seguridad estatal, una baja de 2.6 por ciento sobre los 231,491 de 2019. Los sueldos que ganan son muy bajos y su preparación más.
Si yo fuera senador, rechazaría ampliar el período en el que las fuerzas armadas pueden seguir haciendo labores de policía. Exigiría al Gobierno federal, sin embargo, hacer un esfuerzo serio para construir una mejor Guardia Nacional civil y, además, establecer programas con los otros órdenes de gobierno para fortalecer a las policías estatales y municipales, que son las que tienen realmente un impacto en la seguridad de las familias.
Posibilidades
Las posibilidades de que tres sismos de magnitud superior a 7 peguen a un país en tres 19 de septiembre distintos son de 1/133,225, o sea, 0.000751%. Esto me lo dice el físico José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos. Pero claramente una posibilidad baja no es nula. Habrá que pensar qué haremos el próximo 19 de septiembre.
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